Para que no se generen omisiones alrededor del nombramiento del nuevo Fiscal Estatal Anticorrupción, se hace necesario formular algunas reformas legales, como solicitar que quienes hayan ostentado el cargo de magistrados estén impedidos de contender, esto para evitar caer en una posible negligencia, propone el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera.
“Con la finalidad de establecer un principio elemental de igualdad jurídica, para el supuesto en el que un Magistrado aspire al cargo de Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, o al cargo de Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales”.
Con el planteamiento que realiza el legislador del Partido Acción Nacional, PAN, se busca evitar conflictos de interés que pudieran suscitarse en torno a una figura de tal envergadura.
Desde el pasado 31 de enero se encuentra acéfala la Fiscalía Estatal Anticorrupción, que pareciera invisible a los ojos de la autoridad, porque no han podido definir la administración de ésta y además, porque en su momento quiénes estuvieron al frente de la misma, tuvieron limitado nivel de maniobra, lo que gravemente sorprende, toda vez que se trata de una institución autónoma.
La ciudadanía está en todo su derecho de reclamar legítimamente una organización que represente las voces afectadas por la corrupción política del Estado y en el caso de San Luis Potosí hay varios asuntos por atender como las supuestas irregularidades cometidas en la Secretaría de Salud donde se habla de entrega de millonarios contratos a empresas vinculadas con Gabriel Salazar, anomalías en la Secretaria de Educación Gobierno del Estado, SEGE, y hasta en la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, SEDUVOP, por señalamientos de presunto tráfico de influencias en la asignación de obra de pasos vehiculares sobre el periférico oriente.
