La Justicia española condenó este miércoles a la familia del dictador español Francisco Franco a devolver el Pazo de Meirás, la residencia de verano de la familia, al declarar que es propiedad del Estado, informaron fuentes judiciales.
La sentencia, que puede ser recurrida, concluye que el inmueble fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado español y no a Francisco Franco a título personal.
La magistrada Marta Canales sentenció que la compraventa de 24 de mayo de 1941, con la que el dictador logró inscribir la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad, fue una simulación, “lo que determina la nulidad de la misma”.
El Pazo de Meirás fue nombrado en 2008 como Bien de Interés Cultural, distinción que obligaba a la familia a mantenerlo abierto al público, como mínimo, cuatro días al mes, pero las vacaciones de los familiares dificultaban el horario de visitas, lo que obligó al Gobierno regional de Galicia a abrir un expediente sancionador contra la familia en 2017.
La estrategia jurídica de la Abogacía del Estado se ha centrado en demostrar la irregularidad de la compra del pazo por Francisco Franco, mientras que los herederos alegan que han poseído como dueños “hasta hoy”, de “buena fe” y “con justo título” el inmueble, en el que no se han realizado inversiones con presupuesto público.
Dicha irregularidad estaría relacionada con los documentos de compra de 1941, sostenidos como auténticos por la familia, y que datan en ese año el momento en que Francisco Franco supuestamente adquirió el pazo.
Sin embargo, el inmueble ya había sido previamente vendido, en 1938, a una entidad (la Junta Pro Pazo del Caudillo) que buscaba conseguir el edificio como residencia veraniega para el dictador, y que se le donó en 1941, por lo que la Abogacía del Estado sostiene que Franco, en realidad, no pagó nada por él.
Esa junta compró el edificio a los herederos de la reconocida escritora gallega Emilia Pardo Bazán (1851-1921), según la última documentación salida a la luz.
Con información de EFE
