A seis años de la desaparición de 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa se han generado diversos mecanismos de búsqueda que otros casos no han tenido; desde septiembre de 2014 los reflectores del mundo se pusieron sobre este hecho, sin embargo los resultados han sido escasos, como es la situación de muchos no localizados que no tienen atención mediática.
El caso Ayotzinapa tiene una comisión presidencial, una fiscalía, peritos, investigadores internacionales y el presupuesto suficiente, pero la respuesta sigue sin ser efectiva: “hasta el día de hoy no sabemos dónde están”, acusó la activista en derechos humanos, Grace Fernández.
En entrevista para Forbes México detalló que hay muchos casos con un resultado similar, por lo que el delito en contra de los estudiantes guerrerenses devela la situación en que se encuentra la crisis de derechos humanos en el país.
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María Luisa Aguilar, representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), coincidió que el caso Ayotzinapa es un emblemático y con mucha visibilidad, pero también demuestra la realidad de decenas de familias que se enfrentan a la falta de justicia y a trabas institucionales.
“Ayotzinapa es reflejo del impacto que tienen esta crisis de desapariciones, también es un reflejo de cómo la negligencia, la falta de empatía del Estado con las víctimas se ve reflejada en la decisión de muchas familias de salir a exigir y hacer búsquedas por su cuenta”, acotó.
Marcha del quinto año de la desaparición de los normalistas.
A pesar de ello, comentó para este portal de noticias que esta investigación también demostró que con el esfuerzo extraordinario, principalmente de los padres de familia, se pueden encontrar respuestas, como la ubicación forense en julio de este año de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los alumnos desaparecidos.
Los avances en seis años
Para la defensora de derechos humanos, Grace Fernández, a lo largo de estos seis años los resultados más visibles para localizar a los normalistas fue la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, así como la instalación de la comisiones nacionales y estatales de búsqueda.
“Aunque algunas siguen sin presupuesto o titular, hay más herramientas para dar respuesta a los casos recientes como a los de larga data”, añadió.
En tanto, María Luisa Aguilar reconoció tres temas centrales en la indagación: la primera fue la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa por instrucción presidencial, la cual tiene la intención de facilitar la investigación.
Agregó también a la fiscalía especial para el caso, la cual surgió en julio de 2019; así como la reincorporación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para dar asistencia técnica internacional.
Indicó que con ello se ha podido avanzar en el caso y dar pasos claros sobre la posible manipulación que hubo en la indagación en el pasado.
La falta de justicia
Fernández apuntó que durante los dos primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han topado con diversas inconsistencias: a pesar de la disposición de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda para abonar a la investigación, las fiscalías se han mantenido distantes.
“Tenemos un fiscal ajeno y apartado de la realidad del país que no convive ni con las leyes ni con las instituciones que tienen que convivir y colaborar”, subrayó la también coordinadora del consejo ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa marchan en la Ciudad de México. (Foto: Reuters)
Insistió en una falta de coordinación entre instituciones, puesto que los organismo encargados de hacer justicia “no colaboran, no apoyan, no aportan”.
Indicó que las desapariciones en México no se ven como un problema de Estado; además cuestionó el discurso presidencial sobre que este tipo de casos son la prioridad del actual gobierno.
“Los derechos humanos es un tema de Estado, no es un tema de una institución o una persona, toda la estructura del Estado debería de estar enfocado en la defensa, garantía y protección de los derechos humanos, y no es así”, agregó.
Asimismo, lamentó el papel ausente que ha jugado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en este aspecto, puesto que dijo “nadie sabe dónde está”.
La representante del Centro Prodh reconoció el trabajo diagnóstico que ha hecho la Subsecretaria de Derechos Humanos Población y Migración (de la Segob), así como de la Comisión Nacional de Búsqueda para hacer una evaluación sobre la situación en que encuentra el país en la materia y el número de desaparecidos que hay.
A pesar de ello, abundó que el protocolo homologado de búsqueda que presentó la Comisión para revisión de todos los involucrados no fue bien recibido por las fiscalías, tanto la general como las estatales.
“En un contexto donde las comisiones son instituciones muy nuevas que están fortaleciéndose, el mensaje que dan las instituciones de justicia al no querer adoptar el protocolo, o querer mejorarlo, es que las instituciones no están priorizando la grave crisis de desapariciones”, sentenció.
También hizo un llamado a consolidar el mecanismo extraordinario de identificación forense, ya que a pesar de que comenzó su operación, se requiere que se fortalezca y se le doten los recursos necesarios para que las familias de las víctimas localicen los restos de sus familiares.
“Ninguna de todas estas medidas únicas dará respuesta a la crisis, pero que es importante que el Estado vaya formulando una política frente a la crisis de desaparición forzada, en la cual consideramos que hay todavía muchos que dar hacia adelante, y que no dependen sólo del Ejecutivo federal, sino de muchas instituciones” señaló.
Con información de Forbes
