Atar corto a Huawei pero sin impedir su protagonismo en la quinta generación de telefonía móvil (5G). Ese es el objetivo de la Comisión Europea, que este martes aprobará una primera tanda de medidas para intentar garantizar que la inevitable dependencia de la tecnología china no se transforma en un peligroso talón de Aquiles para el Viejo Continente. El blindaje frente a Huawei empezará por “llevar a cabo antes del 30 de junio una evaluación de riesgos de la red de infraestructuras de la 5G”.
La exigencia aparece recogida en el proyecto de Recomendación que el organismo presidido por Jean-Claude Juncker tiene previsto aprobar este martes. El documento también obliga a establecer antes del 30 de abril un Grupo de Cooperación entre los Estados miembros para evaluar los riesgos de ciberseguridad. Y antes del próximo 1 de octubre, el club comunitario “completará una revisión conjunta de los riesgos a escala de la Unión Europea relacionados con la infraestructura en la que se apoya el ecosistema digital”.
Los perentorios plazos indican la urgencia de la Comisión por verificar cuanto antes los posibles puntos vulnerables. Pero, sobre todo, revela la necesidad de Bruselas de demostrar a EE UU que la compañía china no va a controlar a sus anchas unas redes que serán esenciales tanto para sectores tan estratégicos como la energía, la banca o la industria, como para la credibilidad de la propia democracia por su uso en los futuros procesos electorales.
Washington ha prohibido el acceso de Huawei y a ZTE a contratos públicos relacionados con el despliegue de la 5G. Australia y Japón siguieron esos mismos pasos. El Gobierno de Donald Trump ha presionado a los países de la UE para que repliquen una prohibición similar. Pero los socios de la UE, con Alemania a la cabeza, se han resistido porque prescindir de Huawei podría retrasar dos o tres años la llegada a Europa de una nueva generación de telefonía móvil que puede suponer un salto importante en los sistemas de producción y comunicación de todo el planeta.
Bruselas reconoce que uno de los factores a evaluar es “el riesgo de influencia de un país tercero” a través de las obligaciones impuestas a los proveedores de 5G. La advertencia que alude directamente a las objeciones planteadas por EE UU, que acusa a Huawei de plegarse a las órdenes del Gobierno chino cuando le exige el acceso a las infraestructuras de la compañía, un extremo negado tanto por la empresa como por Pekín.
La desconfianza de la UE no ha ido tan lejos como Trump. Pero el vicepresidente de la Comisión para el área tecnológica, Andrus Ansip, señaló en diciembre del año pasado que Europa debe “estar preocupada” y “tener miedo” de empresas como Huawei.
La respuesta de la Comisión a ese temor coincide con los planes de 11 Estados miembros para llevar a cabo este año la subasta de espectro necesaria para el 5G, entre ellos Alemania, Francia, Austria o Hungría. A ellos se sumará España en 2020.
Bruselas, según el texto que se aprobará este martes, desarrollará antes de final de año un inventario de los riesgos de esas redes, desde la cadena de proveedores, a los puntos vulnerables del software, o el marco legal al que estén sujetos los operadores. En el mismo plazo, la UE fijará medidas para mitigar esos riesgos que pueden incluir la emisión de certificados para terceras partes, chequeos de seguridad del software o verificación de que el acceso a la red está controlado.
La Comisión parece ser consciente de que la tarea de vigilancia puede resultar ingente para las autoridades nacionales. La Recomendación aboga por establecer “revisiones conjuntas de seguridad realizados por dos o más Estados miembros (…) cuando la misma compañía esté operando o construyendo la red de esos Estados”. Otro punto que, sin mencionarla, apunta a una vigilancia multilateral sobre Huawei, la compañía favorita para desarrollar la 5G en muchos países de la UE.
Con información de El País
