La diputada Martha Barajas García, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura, propone iniciativa para adicionar fracción V al Artículo 258 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de sancionar tanto al sector público como a empresas privadas en las que se obligue a los trabajadores a firmar documentos en blanco de cualquier tipo que implique una violación a los derechos del trabajador.
Con esta iniciativa busca establecer que esta práctica se reconozca como un delito que se sancione con una pena de uno a cinco años de prisión y una sanción monetaria desde cien hasta quinientos días del valor de la unidad de medida.
“Hacer que un trabajador firme documentos en blanco es una acción recurrente de los patrones al momento de contratar trabajadores, son usados posteriormente como documentos de renuncia y son llenados posteriormente por los patrones, lo cual implica una renuncia de derechos de los trabajadores”. Dijo la diputada.
“Esta práctica vejatoria que utilizan los patrones es con el objeto de condicionar al trabajador el acceso a un empleo, haciendo que el operario renuncie a sus derechos más elementales”. Puntualizó la legisladora.
Por lo anterior, Martha Barajas, señaló que la propuesta de adición al artículo 258 del Código Penal del Estado, de San Luis Potosí, establecería que comete el delito quien dolosamente hace uso de un objeto o documento falso o alterado y pretende que produzca efectos legales.
La diputada Martha Barajas, advirtió que este tipo de prácticas en muchos casos la justifican los empleadores como una forma de proteger a la empresa u organización; con lo que el patrón podría ahorrarse el pago de derechos al trabajador, como lo es una liquidación justa.
“Se debe considerar que esta práctica es abusiva y rapaz, por lo que debe erradicarse pues genera inseguridad laboral, y un estado de indefensión para el trabajador que pierde su forma de sustento y su estabilidad económica. Estos hechos solo confirman que las y los trabajadores son un grupo en situación de vulnerabilidad que, por su dependencia económica, su situación de subordinación y su necesidad económica, es constantemente abusado por los patrones o superiores jerárquicos”. Señaló.
Por último, destacó que también se plantea sancionar a quien conociendo la falsedad del documento, haga uso de los sellos o de los objetos para engañar a un trabajador. Además, a quien emplee sellos verdaderos en objetos falsificados para hacerlos pasar como legítimos.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posible aprobación para posteriormente turnarla al pleno del Congreso del Estado para su discusión.
