Sin que exista una iniciativa a nivel nacional, Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señaló en Perú la urgencia de considerar al tráfico ilegal del jaguar como un delito grave.
En el marco de la Primera Conferencia Regional de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, que se desarrolla en Lima, la encargada de procurar la justicia ambiental en el país recordó que, en algunos lugares, – como en México -, los delitos ambientales no son considerados como graves porque no existe una conciencia firme respecto al cuidado del ambiente y su importancia.
En el caso del jaguar, dijo, que esta especie está fuertemente amenazada por la afectación y fragmentación de su hábitat, y propuso actualizar los estudios poblacionales para conocer su situación actual en el territorio nacional.
Aun cuando apenas a mediados de 2018, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dio a conocer públicamente el Segundo Censo Nacional del Jaguar, que arrojó que México tiene una población aproximada de cuatro mil 800 ejemplares en vida silvestre, lo que representa un aumento de 800 individuos en relación al 2010.
La titular de la Profepa indicó que también es importante apoyar a las poblaciones rurales para mejorar prácticas de manejo de vida silvestre y evitar su descontrol, al tiempo que pidió evitar el cambio de uso de suelo y otras prácticas que atentan contra el hábitat del felino.
Agregó que deben implementarse acciones de coordinación y contacto entre las distintas instancias encargadas de la aplicación de la ley ambiental en el ámbito administrativo y penal, así como la cooperación internacional para dar seguimiento regional al tráfico ilícito del jaguar.
Con información de Excélsior
