La Justicia de Andorra ordenó embargar 83.1 millones de dólares al abogado Juan Ramón Collado, investigado por lavado de dinero, y detenido el 9 de julio de este año, de acuerdo con un documento judicial al que tuvo acceso el diario El País.
Collado fue arrestado el 9 de julio por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la publicación, a los investigadores de Andorra les llamó la atención la transferencia de 11.6 millones de dólares desde el país a una cuenta del BBVA en Madrid, España, seis días antes de ser arrestado en México.
La fortuna de collado en Andorra, depositada en el Banco Privada d’Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades.
Sin embargo, el caso se congeló en 2018, cuando el gobierno de México informó que no procedía la acusación argumentando que no se puede condenar este ilícito sin demostrar el origen del dinero.
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De acuerdo con El País, la respuesta de México obligó a la justicia de Andorra a sobreseer provisionalmente el caso bajo el motivo de no poder condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero.
El pasado 31 de julio, la Fiscalía de Andorra pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76 millones 540 mil 582 euros que se en encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado.
En un auto fechado el pasado 1 de agosto acuerda embargar cautelarmente 75.5 millones de euros a nombre del letrado y de las cuatro sociedades instrumentales holandesas e investigar a Collado como presunto autor de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Asimismo, la magistrada remitió una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a México requiriendo toda la información sobre su reciente detención y su vinculación con actividades criminales.
Además de Collado, la magistrada pide que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de negocio de BPA, y Joan Marc Masson, exempleado del banco.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda lleva a cabo la investigación de 34 personas relacionadas con Libertad Servicios Financieros, empresa vinculada al caso del abogado Juan Collado.
El pasado 10 de julio, un juez determinó que Collado permanezca en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al justificar su determinación el juez consideró que la Fiscalía General había aportado indicios iniciales suficientes que permiten presumir que Collado formaba parte de una organización delictiva bien organizada que le permitió, al menos, obtener 24 millones de pesos en 2015 producto de la venta presuntamente ilegal de un terreno en Querétaro.
De acuerdo con los fiscales de la FGR este terreno fue adquirido usurpando la identidad de la empresa Operadora Inmobiliaria del Centro, que era la dueña del terreno, y simulando su venta a la compañía Libertad Sociedad Financiera.
Con información de Animal Político
