Indígenas, exguerrilleros y defensores de derechos humanos son hoy rostros frecuentes de la violencia en Colombia.
El hecho más reciente tuvo lugar la víspera cuando cinco nativos murieron y al menos seis resultaron heridos tras un ataque perpetrado por grupos armados, comunicaron autoridades originarias.
Tras lo sucedido las reacciones se dispararon sobre todo en las redes sociales digitales donde los usuarios expresaron su rechazo y exigieron acciones concretas al gobierno para garantizar la protección de esas comunidades.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en el último año fueron ultimados más de 115 líderes nativos en el país y el más reciente de esos asesinatos fue el del dirigente embera Costantino Ramírez en el municipio de Calarcá.
El líder de ONIC, Luis Kankui, solicitó a Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que visite ‘de manera urgente y extraordinaria a Colombia para que verifique la grave situación’.
La ONIC se mantiene en emergencia humanitaria por el asesinato de nativos registrados desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el Estado y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
También la víspera, el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció el asesinato del exguerrillero Wilson Parra ‘El Indio’.
Parra, firmante del Acuerdo de Paz, fue asesinado por dos individuos cuando visitaba una casa en el municipio Curillo, departamento de Caquetá, escribió esa formación política en su cuenta en Twitter.
Es el asesinato número 169 desde la firma del Acuerdo y 89 bajo el gobierno de Iván Duque, manifestó Sergio Marín, representante a la Cámara por el partido FARC.
El crimen tuvo lugar a cinco días del asesinato de otro exguerrillero, Alexander Parra, hecho que generó un pronunciamiento de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia al manifestar su rechazo por el aumento de este tipo de acciones contra excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación.
Ese asesinato es el primer caso ocurrido dentro de un espacio resguardado por la fuerza pública, en donde excombatientes adelantan su proceso de reincorporación a la vida civil.
Entretanto, comunidades campesinas del municipio de Corinto (suroeste) denunciaron que integrantes del Ejército Nacional habrían retenido, torturado y posteriormente asesinado al joven Flower Jair Trompeta.
Su familia precisó que era defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto, departamento del Cauca, reportó el medio local Contagio Radio.
Los familiares informaron que el joven fue torturado al poner su mano en una máquina despulpadora y que luego fue ultimado por miembros del ejército.
Estoy solicitando a Medicina Legal rigurosa autopsia. Comisión de Paz hará seguimiento. Esperamos información no sea manipulada, como en el caso de Dimar Torres (exguerrillero) ni nos informen que fue ‘un accidente’, escribió en su cuenta en Twitter Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado.
Con información de Prensa Latina
