El diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga presentó ante la Cámara de Diputados el análisis de la cuenta pública respectiva a 2015 y 2017; las cuales consideró como graves pruebas de una historia de impunidad y corrupción que deberían prender alertas en las autoridades.
De este modo, explicó que al inicio del sexenio en 2012, México se ubicaba en el lugar 105 del índice Internacional de la Percepción sobre la corrupción, para terminar 2018 en el lugar 138 de 180 países, dejando ver que para la ciudadanía fue evidente el uso opaco de recursos públicos y el incumplimiento de los objetivos.
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destacó en lo analizado para 2015 se realizaron 1643 auditorías, con resultados críticos, pues de estas se generaron 9472 acciones preventivas y correctivas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Asimismo, Azuara Zúñiga lamentó que 2015 se haya aumentado a 5 billones de pesos la deuda de nuestro país, y además el Gobierno se haya aumentado 222 millones de pesos para usarse en lo oscurito, “este aumento representa casi dos veces el presupuesto para la Secretaría de Salud en 2019”, precisó.
En torno a 2017, el legislador informó que todavía quedan 80 577 millones de pesos de los que no se ha sabido su paradero, esto conocido gracias a las más de mil auditorías generadas por la ASF en recursos para Estados y Municipios, así como dentro del Gobierno.
“Uno de los aspectos más sensibles que encontramos, está en la revisión del gasto Federalizado donde se observan graves irregularidades en los Estados de Michoacán, Estado de México, Veracruz, Guerrero y Chiapas”, apuntó.
Xavier Azuara explicó que las irregularidades más destacadas fueron: pagos improcedentes, sobrecosto de obras, inexistencia de documentos de prueba, pago de remuneraciones indebidas, entre otros.
Finalmente, el diputado potosino destacó que estas cifras llaman a la acción para que se transparenten los programas de beneficiarios, a fin de que no se siga presentando un abuso desde el Gobierno, así como asegurar transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.
