La justicia brasileña autorizó este viernes la liberación del ex presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple desde abril de 2018 en Curitiba (sur) una pena de ocho años y 10 meses de cárcel por corrupción.
Un juez de ejecución de penas determinó que ya “no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia”, después que la corte suprema decidiera el jueves que nadie puede ser encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.
La defensa del ex presidente pidió este viernes su “inmediata liberación” en una solicitud presentada ante la Justicia Federal, tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo (STF) de revocar una ley que hace que los acusados deban ir a prisión después de perder su primera apelación, algo que podría suponer su pronta liberación.
El abogado Cristiano Zanin se reunió con el exmandatario en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Paraná, Curitiba, tras lo cual ha pedido la excarcelación del líder del Partido de los Trabajadores (PT), según indicó el diario Fohla.
“Esperamos que la ejecución de la pena pueda expedirse de inmediato porque no hay razón para esperar otro trámite”, ha dicho Zanin, al tiempo que ha destacado que el expresidente de encuentra “calmado y sereno”.
“La decisión del STF le ha dado una luz de esperanza de que pueda haber justicia. Nuestra batalla jurídica continúa y nuestro foco es la anulación de todo el proceso que llevó a su condena”, ha agregado.
La liberación de Lula dependió del respaldo de la jueza federal responsable de su caso, Carolina Lebbos, así como de la sentencia de apelación en el caso del tríplex de lujo en Sao Paulo.
La iniciativa se produjo después del fallo del STF, que ha decidido, con seis votos a favor y cinco en contra, revocar la ley que establece que los convictos comienzan a cumplir sus sentencias después de perder su primera apelación y, en cambio, se les permita agotar el largo proceso de apelaciones antes de cumplir la pena de prisión.
Según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), el fallo afecta a cerca de 4 mil 800 presos, incluidos los principales condenados por la investigación de corrupción más grande de la historia brasileña, la conocida como operación ‘Lava Jato’.
Con información de La Jornada
