La Justicia argentina condenó este lunes a dos sacerdotes y un jardinero por el escándalo de abusos sexuales a niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de la provincia de Mendoza, dependiente del Vaticano. Se trata del cura italiano Nicola Bruno Corradi Soliman, su colega Horacio Hugo Corbacho Blanck y el empleado Armando Ramón Gómez Bravo, quienes recibieron 42, 45 y 18 años de cárcel, respectivamente.
Los acusados fueron imputados por 25 hechos relacionados con abusos, y habían sido denunciados por diez personas. En cuanto a los antiguos miembros del clero, muchos de los delitos juzgados fueron agravados por tratarse de “ministros de un culto” y “responsables” del instituto en cuestión, sumado a que las víctimas eran menores de edad.
El juicio, que comenzó el 5 de agosto de este año, tuvo 49 jornadas previas a la sentencia y contó con 42 testigos. Antes de conocer la resolución judicial, los acusados se negaron a emitir declaraciones en la audiencia matutina.
Corradi Soliman, de 83 años —también implicado en casos de corrupción de menores en la ciudad de La Plata (Argentina) e Italia—, ya cumplía prisión domiciliaria, mientras que Corbacho Blanck (59) y Gómez Bravo (49) estaban detenidos en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de Mendoza, aguardando el veredicto.
Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal había solicitado penas de 45 años para los sacerdotes y 22 para el trabajador. La ONG Xumek, que se presentó como querellante, había planteado 50 años de reclusión para Corbacho —implicado en 16 delitos—, y 15 para los otros dos involucrados.
Por otro lado, el exmonaguillo Jorge Bordón ya había reconocido su culpabilidad y en 2018 fue condenado a diez años de cárcel por haber abusado de cinco menores.
Además de las reclusiones, el Tribunal instó al Ejecutivo provincial a brindar asistencia a las víctimas, muchas de ellas violentadas con acceso carnal. En concreto, pidió al Ministerio de Salud que garantizara tratamientos psicológicos y psiquiátricos gratuitos, con intérpretes de lenguaje de señas, para poder superar los traumas de los abusos.
En esa línea, le solicitó al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que se encargue de aplicar subsidios, capacitaciones y pasantías laborales para que logren reinsertarse en la sociedad.
Desde que se dio a conocer la primera denuncia, hace tres años, el caso Próvolo conmocionó a toda la provincia. De hecho, se trató de la investigación más importante contra una dependencia de la Iglesia en ese territorio argentino. Así, el instituto fue clausurado en marzo del 2017, mientras algunas víctimas se animaban a relatar los delitos.
Por su parte, elColectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo Mendoza aguardó el fallo en las puertas de los Tribunales Provinciales, pidiendo “condena efectiva y ejemplar a los curas abusadores y torturadores”.
Tras hacerse público el escándalo del Próvolo, el Vaticano —bajo la dirección del papa Francisco— envió a dos curas para investigar los casos por su cuenta, de forma paralela a la Justicia argentina, una práctica habitual en la Iglesia ante esta clase de situaciones.
No obstante, aquellos representantes de la Santa Sede, Dante Simón y Juan Martínez, fueron denunciados por abogados querellantes y otras agrupaciones dedicadas a casos de abusos al considerar que ocultaron datos sensibles sobre los delitos, o que no aportaron información a las autoridades sudamericanas. Los fiscales, sin embargo, no dieron lugar a las denuncias contra los enviados del papa.
Por su parte, Simón y Martínez explicaron en entrevistas que ellos estaban disponibles si las autoridades judiciales requerían sus aportes. A su vez, aclararon que así como existe el secreto de sumario en la Justicia tradicional, la Iglesia tiene su secreto canónico, a menos que los jueces soliciten información.
Con información de Actualidad
