La Fiscalía General de Baja California abrió una carpeta de investigación contra un agente municipal de Mexicali que golpeó a un comerciante, quien se encontraba sometido con esposas metálicas.
La agresión que duró 14 minutos fue grabada por la cámara de una patrulla policíaca la tarde del 5 de marzo de 2019 y el video fue difundido por la víctima ocho meses después.
El comerciante agredido solicitó asilo en Estados Unidos, a través del puerto fronterizo de Calexico, California, al temer por su vida, la de su hijo y de su esposa.
En la carpeta de investigación de la FGE se incluye al policía Alberto Landeros por el delito de tortura y robo de 7 mil 500 pesos, que extrae de la cartera del detenido; así como al agente Adrián Contreras, por abuso de autoridad.
Lo hice público para exigir justicia y porque ese día ( jueves 21 de noviembre) me lo entregaron en Sindicatura Municipal donde permaneció desde marzo, señaló el comerciante José Manuel Elizalde, quien desde hace ocho meses tiempo presentó queja en el ayuntamiento y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), además de denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Este asunto de brutalidad policiaca se reactivó por la difusión del video, pues estaba archivado en las tres instancias públicas, mientras los dos policías involucrados se encuentran activos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
La víctima se reunió con el fiscal de la Región Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, el sábado 23 de noviembre, quien le garantizó atención a su caso y las particularidades de la investigación.
También se entrevistó con personal de la CEDH que le informó sobre los avances de la investigación y la emisión en los próximos días de una recomendación por tortura dirigida al Ayuntamiento de Mexicali.
En la Sindicatura Municipal la situación se encuentra en un impasse jurídico ante la petición de una suspensión del procedimiento administrativo solicitado por ambos policías, un recurso utilizado ante la Comisión de Honor y Justicia por los agentes que enfrentan alguna irregularidad o ilegalidad en su servicio.
En tanto, la alcaldesa Marina Ávila, de Morena, se deslindó de la actuación de ambos policías al asegurar que la agresión se produjo en la anterior administración y se comprometió a darle seguimiento a este asunto “hasta donde tope”.
Este caso de brutalidad policíaca se registró en marzo de 2019 durante la gestión del alcalde Gustavo Sánchez, del PAN, y la gestión del director Ulises Méndez quien en agosto se integró a la National Police Foundation.
Con información de La Jornada
