El Senado aprobó esta semana una reforma constitucional para que se considere como un derecho fundamental, el que los ciudadanos puedan moverse de forma segura en las calles y espacios públicos, en condiciones de equidad, igualdad y accesibilidad para todos. Un derecho que, hasta ahora, no existe en la Constitución.
Se trata a su vez del primer paso para contar con una ley nacional en materia de movilidad y seguridad vial que, entre otras cosas, fije las bases para el diseño o modificación de calles y carreteras en el país, con la finalidad de que esas sean seguras para todo tipo de usuarios y disminuyan así las muertes y lesiones por hechos de tránsito.
“Vivimos en una masacre cotidiana, invisibilizada y normalizada que es la primera causa de muerte de niños y de jóvenes en México. Son entre 16 mil y 23 mil personas que mueren cada año en calles y carreteras porque no hay ni un instrumento legal que obligue a hacer esas calles y carreteras seguras” dice en entrevista Areli Carreón, alcaldesa de la Bicicleta y una de las promotoras de estas iniciativas.
Pero para que esta la ley sea posible primero es necesario que la reforma, que el Senado aprobó de forma unánime con 87 votos a favor y cero en contra, sea ratificada por la Cámara de Diputados y por los congresos locales, lo que a su vez dará pie a un plazo de 180 días para que la norma sea formulada.
A continuación, Animal Político detalla puntos clave de estas modificaciones y del procedimiento que tendrá que seguirse.
¿Por qué es necesario cambiar la Constitución?
De acuerdo con los promotores de la iniciativa, la modificación constitucional es importante en dos vertientes: una simbólica y otra práctica.
Por el lado simbólico, lo que se busca es que México reconozca a la movilidad como un derecho humano, tal como ocurre en otros países, y que con ello se establezca la obligación del Estado mexicano de construir el aparato legal e institucional que garantice que ese derecho se pueda ejercer de forma segura, igualitaria y permanente.
“La reforma no es otra cosa que el que se reconozca el derecho que todos tenemos a no morir de manera violenta en los pavimentos de nuestro país. Es un primer paso que visibiliza a las víctimas y la lucha que han tenido contra el propio Estado mexicano para que se reconozca el problema y para que se les acompañe en el proceso de reparación del daño” señaló Laura Ballesteros, senadora suplente y activista en la materia.
Hasta ahora solo son algunas entidades como Ciudad de México, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Quintana Roo reconocían a la movilidad como un derecho para sus ciudadanos.
En ese contexto la modificación aprobada por el Senado añade al artículo 4 de la Constitución Política el siguiente párrafo:
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.
Por otro lado, la reforma constitucional también es necesaria para que la ley de seguridad vial que se expida se aplique en la práctica y no se vuelva letra muerta. Los especialistas indicaron que este riesgo existe ya que al no ser la movilidad un derecho reconocido, hasta ahora, por nuestra Carta Magna, tampoco se facultaba al Congreso para legislar en esa materia.
Con información de Animal Político
