Ya de vacaciones desde el pasado día 12, los diputados federales dejaron pendientes de dictaminar 916 de las 1,048 iniciativas de reformas a distintas leyes que fueron presentadas durante el periodo de sesiones ordinarias recién concluido.
En el lapso de cuatro meses, la Cámara de Diputados solamente aprobó 82 dictámenes: 63 relacionados con enmiendas a la Constitución y a diversas leyes, cuyos decretos ya fueron turnados al Ejecutivo federal para su eventual promulgación o a los congresos locales para aprobación, y 19 remitidos en calidad de minutas al Senado de la República.
La Cámara Baja dejó pendientes también las comparecencias de Rocío Nahle y Marcelo Ebrard, secretarios de Energía y de Relaciones Exteriores, respectivamente, a fin de analizar el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los temas atorados en la sede legislativa de San Lázaro destacan la propuesta presidencial de reformas constitucionales en materia de bienestar, la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos —la vigente, promulgada el 5 de noviembre del año pasado, generó tanta confusión que los legisladores optaron por expedir otra— y de la ley general para el control de cannabis.
Esta última, promovida por Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, requiere, además, reformar la Ley General de Salud, Código Penal Federal y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Las diversas iniciativas en la materia, presentadas a la fecha, plantean la descriminalización, despenalización o legalización de la mariguana.
En la Cámara de Diputados tampoco hubo acuerdo para concretar la reforma a la Ley Federal del Trabajo que pretende regular la subcontratación. El proceso de dictaminación se frenó de última hora en la Comisión de Trabajo y Previsión Social con el argumento de que se requiere profundizar en el debate del tema.
Entre los cambios contenidos en el dictamen que estuvo a punto de someterse a discusión están definir con claridad la subcontratación, endurecimiento de multas por simulación, establecer un modelo de certificación para las empresas que prestan el servicio de outsourcing, así como igualar las condiciones laborales de los trabajadores con contrato directo y de quienes son subcontratados.
Se prevé también establecer que a quien utilice el régimen de subcontratación de forma dolosa, en beneficio de sus intereses particulares y en perjuicio de los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras, así como con la intención de obtener beneficios fiscales mediante la simulación derivada del uso del trabajo bajo el régimen de subcontratación, se impondrá multa por el equivalente de 500 a 10,000 veces a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con independencia de las demás responsabilidades.
El pasado día 5, durante la reunión de la comisión referida, citada para aprobar el decreto correspondiente, legisladores de todos los partidos políticos representados en San Lázaro coincidieron en no acelerar la aprobación del cambio legal.
Si bien convinieron en que es urgente regular la figura de outsourcing, aplazaron la discusión del tema hasta enero próximo, mediante el mecanismo de Parlamento Abierto, con la intención de que la enmienda en ciernes incluya el punto de vista de todos los interesados en la materia.
La propuesta de enmienda al artículo 4° de la Constitución, presentada por López Obrador en octubre pasado y que quedó para otra ocasión, consiste en establecer la obligación del Estado mexicano de garantizar la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable como personas adultas mayores, con discapacidad y estudiantes pobres de todos los niveles escolares.
Desde la óptica presidencial, se deben garantizar también la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para dar atención integral a la población que no cuenta con seguridad social, mediante el acceso a éste y a medicamentos gratuitos.
El presidente propone crear el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar.
Por tratarse de una reforma a la Constitución, su aprobación requiere del voto de al menos dos terceras partes de los diputados federales que estén presentes en la sesión, donde el tema se someta a votación, garantía que no hubo.
Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM no completan los 333 votos que se necesitan para la aprobación de una reforma constitucional, en el supuesto de que durante la votación estuvieran presentes los 500 diputados federales que conforman la Cámara Baja.
La oposición del PAN, PRI, MC y PRD no comparten la visión de López Obrador en materia de bienestar social y de ahí que el tema no haya podido pasar en San Lázaro.
La siguiente oportunidad de Morena y aliados para cumplirle al presidente de la República y ver concretada la reforma será en el próximo periodo de sesiones ordinarias, que iniciará el 1 de febrero del 2020 y durará tres meses.
Pendientes en la Cámara Baja:
• Reformas para modificar la integración de principios de representación en la Cámara de Diputados. Propone reducir a 100 el número de diputados plurinominales, que 100 sean de primera minoría distrital y 300 de mayoría relativa o uninominales.
• Enmiendas a la Ley General de Partidos Políticos para reconocer el derecho de los partidos políticos de nuevo registro a conformar coaliciones, frentes o fusiones.
• Cambios a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para definir diversos conceptos en materia de medidas de seguridad y principios para el tratamiento de dichos datos.
• Cambios a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a la Ley Federal de Deuda Pública a fin de fortalecer los mecanismos para autorizar a los estados y municipios la adquisición de deuda garantizando la estabilidad de sus finanzas públicas.
• Reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el propósito de fortalecer las sanciones para quien practique el aborto después de la decimasegunda semana de gestación y establecer formas de violencia institucional.
• Modificaciones a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución, para regular la creación de Federaciones y Confederaciones de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado.
La regulación del cannabis y distintos nombramientos relevantes fueron algunos de los casos no resueltos en el Senado de la República durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
De acuerdo con un informe de la Cámara Alta, entre el 1 de septiembre y el 12 de diciembre se presentaron 736 iniciativas: 210 de Morena; 268 de Acción Nacional (PAN); 50 del Partido Revolucionario institucional (PRI); 36 del Partido de la Revolución Democrática (PRD); 79 de Movimiento Ciudadano; 42 del Partido del Trabajo; 28 del Partido Verde Ecologista; nueve de Encuentro Social y 14 conjuntas.
De éstas, los Senadores sólo aprobaron 35 iniciativas
En el caso de la regulación de la mariguana, y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una declaratoria de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud, donde definió como violatorios del derecho al libre desarrollo de la personalidad y solicitó al Congreso de la Unión modificar dichas disposiciones, en un plazo que comprendía del 20 de febrero al 31 de octubre del 2019, el Senado solicitó al máximo tribunal una prórroga para concluir el procedimiento legislativo.
De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, será en enero cuando se lleve a cabo el Parlamento abierto para iniciar la discusión legislativa, con el fin de atender la solicitud de la SCJN antes del 30 de abril, cuando vence el plazo otorgado.
Asimismo, la Jucopo acordó ampliar los plazos para designar a los nueve integrantes de la Comisión de Selección encargada de nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Del mismo modo, están pendientes los nombramientos relacionados con dos consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y los cinco integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República.
En el caso del nombramiento de los seis consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el plazo para nombrar a dos de ellos venció en octubre pasado, mientras que los otros cuatro presentaron renuncia.
También está pendiente nombrar a la consejera o consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Entre los temas que sí pasaron, se encuentra la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato.
Se publicaron cuatro leyes en el Diario Oficial de la Federación: la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Ley Reglamentaria en Materia de Mejora Continua de la Educación y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2020.
Por otra parte se desahogaron 411 nombramientos, entre los que destacan Rosario Piedra como presidenta de la CNDH, Ana Margarita Ríos-Farjat como ministra de la SCJN, Leopoldo Vicente Melchi como titular de la Comisión Reguladora de Energía y Mara Gómez Pérez como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
También se aprobaron 13 instrumentos internacionales, entre los que se encuentran el Protocolo Modificatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos y el convenio con Argentina sobre traslado de condenados y cumplimiento de sentencias.
Entre los nuevos ordenamientos que avaló este órgano legislativo se encuentran la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana y la Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables.
El pasado jueves, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Mónica Fernández, clausuró el periodo de sesiones y destacó que a pesar de las diferencias entre las y los senadores se lograron distintos acuerdos.
Pendientes en la Cámara Alta:
• Entre el 1 de septiembre y el 12 de diciembre, se presentaron 736 iniciativas en el Senado.
•Acción Nacional fue el partido que promovió mayor número de iniciativas.
• Están pendientes de designar a los integrantes de la Comisión de Selección encargada de nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
• Se aprobaron 13 instrumentos internacionales.
• México aprobó modificaciones para avanzar en la ratificación del T-MEC.
• Falta nombrar a cinco integrantes del Consejo Ciudadano de la FGR.
Con información de El Economista
