En la primera quincena de enero de 2020, la Auditoría Superior del Estado determinará si los entes auditables solventaron puntualmente las observaciones a las Cuentas Públicas del ejercicio 2018, donde en caso de encontrarse irregularidades, se enviará el expediente respectivo a la Fiscalía Anticorrupción o en su caso al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para que se apliquen las sanciones procedentes.
En este sentido, la titular de la Auditoría Superior del Estado, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, explicó que “cerramos el año con el período de solventación correspondiente a los 113 entes auditables, en lo relativo a la Cuenta Pública 2018. Además, las fechas de conclusión de ese período se llegan en la segunda semana de enero próximo, que es cuando tendrán sus fechas finales para presentar argumentos o documentales necesarios para solventar sus Cuentas Públicas 2018”, agregó.
Expuso además que una vez concluida la solventación, comienza el período de análisis para establecer si con los argumentos y documentales presentados por los entes, se desahogan o bien persisten las observaciones determinadas en los informes presentados en su momento a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y con ello, determinar si es factible integrar una carpeta de investigación y substanciación, para remitirla a las autoridades que deberán sancionar las faltas que pudieran existir.
Asimismo, la auditora Rocío Cervantes dijo en relación con las Cuentas Públicas 2017, que “ya estamos enviando algunas carpetas de investigación y substanciación a la Fiscalía Anticorrupción o en su caso al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para que se establezcan los períodos de sanción. Asimismo, en lo que respecta a 2016, el trabajo está muy adelantado puesto que todos los entes obligados ya comparecieron, y estamos en el período de sancionar 2016 de acuerdo a la ley anterior”.
Indicó que estas serán sus actividades fuertes para el próximo año y adelantó que iniciará la planeación de las auditorías a las Cuentas Públicas 2019, “porque la ley ya nos faculta y establece que a partir del primer día hábil del año siguiente al que se auditará, ya podemos solicitar documentación para planear la revisión de 2019 y lo haremos en el primer trimestre de 2020”, aclaró.
Es decir, el dos de enero la ASE estaría en posibilidades de solicitar a todos los entes la información que tuvieran del cierre 2019, y oficialmente tendrían que empezar la fiscalización formal una vez entregada la Cuenta Pública, que es el 31 de marzo de 2020, aunque sería hasta julio o agosto cuando se turnen de nueva cuenta los informes de auditoría, finalizó Rocío Cervantes.
