La batalla de la Administración de Donald Trump por eliminar regulaciones ambientales en Estados Unidos escribió ayer un nuevo capítulo con el anuncio de importantes modificaciones a la ley de protección ambiental, que lleva en vigor medio siglo. Los cambios anunciados rebajarán los requisitos de los estudios medioambientales para grandes infraestructuras, lo que permitirá acelerar proyectos como minas, oleoductos, gaseoductos o aeropuertos. La iniciativa se suma a otros golpes para la regulación ambiental como el recorte a los límites contaminantes de los coches.
El argumento para debilitar las normas federales es acelerar proyectos que se pueden ver paralizados durante años en los juzgados. “Queremos construir nuevas carreteras, autopistas y puentes más grandes y más deprisa”, dijo Trump. La decisión “va a eliminar burocracia que ha paralizado la toma de decisiones de sentido común durante una generación”, dijo el secretario de Interior, David Bernhardt, quien destacó las “profundas consecuencias de la inacción del Gobierno” por la regulación medioambiental y dijo que se trata de “la propuesta de desregulación más importante” de la presidencia de Trump.
La ley (NEPA, por sus siglas en inglés) fue aprobada en 1970 en el primer mandato de Richard Nixon, el primer presidente en crear una agencia federal contra la contaminación, la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Apenas han sido modificada. Esta es la primera transformación seria de este marco regulatorio que afecta a todo proyecto que tenga dinero federal. El plan entra ahora en fase de alegaciones; hay 60 días para presentar argumentos en contra. Con toda seguridad será denunciado en los tribunales si llegara a entrar en vigor.
En los últimos años, cuando la evidencia del cambio climático ha alcanzado ya un consenso científico casi unánime, los tribunales han entendido que las protecciones de la ley no solo afectan al impacto medioambiental inmediato, sino que debe tenerse en cuenta su contribución a las emisiones a largo plazo. Con ese marco se han podido parar o ralentizar en los tribunales grandes proyectos de industrias contaminantes, como perforaciones en terrenos públicos, minas y oleoductos. El conflicto más conocido fue el del oleoducto Keystone Pipeline XL entre Canadá, Illinois y Texas. Las modificaciones anunciadas van dirigidas a romper esa conexión entre los proyectos y el cambio climático, lo que reduce las posibilidades de oposición.
Los intentos de la Administración Trump por eliminar regulaciones y burocracia en temas medioambientales han sido contestados por municipios, Estados y grupos ecologistas en los tribunales y por ahora el saldo es muy negativo para la Casa Blanca. Un estudio del Institute for Policy Integrity, de la Universidad de Nueva York, que sigue la pista a todas las demandas, concluye que el Gobierno solo ha ganado una de 40.
El cambio de la ley amplía el tipo de proyectos que quedan exentos de ser examinados con los criterios de la NEPA. La ley dejará claro que los estudios medioambientales ya no han de tener en cuenta los “efectos acumulativos” de la contaminación, como está dictando la jurisprudencia, lo cual da vía libre a las industrias contaminantes a construir respetando solo el impacto medioambiental inmediato. Además, impone un plazo máximo de dos años para estudios de impacto detallados y un año para los más generales. Según el Consejo de Calidad Medioambiental —oficina del Ejecutivo— una evaluación completa tarda de media cuatro años y medio y ocupa unas 600 páginas. Los distintos departamentos del Gobierno federal hacen unos 170 estudios de este tipo al año.
La política de Donald Trump ha estado definida por el empeño en revertir por completo el legado de su antecesor, Barack Obama. Sin embargo, en algunos ámbitos como la política exterior o la protección del medioambiente, está volando consensos que existen desde hace décadas, independientemente del partido que gobierne. Trump empezó poniendo al frente de la EPA a Scott Pruitt, quien desde el puesto de fiscal de Oklahoma había liderado una campaña feroz contra esa misma agencia. Su sucesor es Andrew Wheeler, un abogado que ha trabajado como lobista contra las regulaciones. Los expertos y la oposición han denunciado que se está destruyendo la agencia creada por Nixon desde dentro.
Un análisis de The New York Times de diciembre identificaba 95 propuestas de desregulación medioambiental por parte de la Administración Trump en estos tres años de mandato. De ellas, 58 habían sido ya completadas y 37 se encontraban en proceso.
Entre las decisiones más trascendentes ha estado relajar los límites contaminantes de los coches, como pedían los fabricantes, y eliminar la exención de California para poner sus propios límites. Además, ha eliminado los límites a las emisiones de la industria del carbón, con lo que ha dejado su continuidad en manos de los Estados. Ya no es estratégico para EE UU reducir el carbón como fuente de energía. En el plano internacional, Trump sacó a EE UU del histórico Acuerdo de París que comprometía a 196 países a reducir sus emisiones.
Con información de El Periódico de México
