Se han optimizado los mecanismos para la detección de empresas facturadoras, en coordinación con el SAT.
La Auditoría Superior del Estado ha endurecido sus procedimientos de revisión, con la finalidad de optimizar la detección de empresas facturadoras de operaciones simuladas, entre las instancias gubernamentales del orden estatal y municipal. Por tal motivo, hace un enérgico llamado a los servidores públicos de todos los entes auditables, para que se abstengan de utilizar empresas que emiten comprobantes fiscales sin mediar la respectiva adquisición de bienes o prestación de servicios a favor de los municipios, las dependencias del Ejecutivo y los poderes Legislativo y Judicial.
La ASE añadió que las operaciones inexistentes o simuladas; es decir, la compra de facturas, implica consecuencias legales y fiscales muy graves, especialmente para los servidores públicos que incurran en tales prácticas que de ninguna manera serán toleradas por el organismo fiscalizador. Del mismo modo, la Ley General de Responsabilidades faculta sancionar a los proveedores que actúan en contubernio con los servidores públicos, para causar daño patrimonial al erario.
La labor fiscalizadora de la ASE, a través de diversos mecanismos de revisión, ha permitido ya la detección de por lo menos 80 proveedores que emiten comprobantes a pesar de no ser localizables, ni contar con activos, personal, ni infraestructura, lo que presume la inexistencia de acciones “debidamente” amparadas con sus respectivos comprobantes fiscales.
Asimismo, el organismo fiscalizador trabaja de manera coordinada con el Sistema de Administración Tributaria, quien cuenta con herramientas que permiten identificar si algún proveedor se ubica en el supuesto de llevar a cabo operaciones inexistentes a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales, lo que facilita en gran medida los procedimientos de revisión, con la subsecuente identificación de cadenas fraudulentas en los órdenes estatal y municipal, donde los primeros perjudicados son los servidores públicos que tienen participación en el daño patrimonial a la hacienda pública.
