En la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, existe la sospecha de una alianza político-financiera que constituye casi toda la red de corrupción sistemática que actualmente afecta al país, y que no dejó de fortalecerse en los seis años que duró el gobierno pasado: la relación Enrique Peña Nieto-Salinas de Gortari.
Esa es la conexión a la que pretende llegar el equipo de López Obrador mediante investigaciones impulsadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta ahora, hay dos expedientes claves.
El primero es el del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Emilio Lozoya Austin, quien en su intento por evadir las órdenes de aprehensión que pesan contra él y su familia busca desesperadamente evidenciar todos los entresijos que componen el sistema de corrupción de Pemex. “Todo lo hice por órdenes directas de mi jefe el presidente”, llegó a decir alguna vez el ex funcionario.
El segundo caso es el de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública que podría ser sentenciado en Estados Unidos, por ser el funcionario que atravesó y conectó los últimos tres sexenios, y que además colaboró con un diseño de negocios desde el poder respecto al tema de la seguridad pública.
De acuerdo con la investigación, citada por el columnista Salvador García Soto, todo comenzó a gestarse en los primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el ex presidente Carlos Salinas de Gortari le reclamó la reciprocidad de sus favores por el apoyo y asesoría que él le brindó para llegar al poder.
En respuesta, Peña Nieto le concesionó dos sectores estratégicos y con posibilidades fructíferas de convertirse a la postre en grandes negocios: el sector energético y la construcción de infraestructura para la seguridad pública.
Si en el ámbito petrolero Emilio Lozoya fue el encargado colocado por el mismo Salinas para manejar todos los contratos de Pemex, con sus respectivos negocios y comisiones, en el tema de seguridad García Luna fue quien diseñó los modelos de construcción de reclusorios concesionados a grandes empresarios que, a cambio de un contrato millonario del gobierno federal, pagaban una cuantiosa comisión que era cobrada y repartida por Salinas y Peña Nieto.
Existen testimonios de empresarios que participaron en dicho esquema, y que afirmaron que para obtener cualquier contrato en el ámbito petrolero o de seguridad, había que contar con el aval de Salinas de Gortari, a quien supuestamente tenían que ir a ver personalmente y negociar con él los términos para ser considerados en los contratos públicos.
Según García Soto, una fuente le reveló la existencia de al menos 7 reclusorios asignados para su construcción y operación a grandes empresarios mexicanos, algunos de ellos propietarios de compañías de renombre (como medios de comunicación).Cada contrato para un reclusorio era de unos 7,000,000 de pesos aproximadamente, y el negocio favorecía a todas las partes: el empresario ganaba gracias al respaldo del gobierno y al presupuesto federal que le permitía obtener fácilmente créditos de grandes bancos para financiar la obra. Salinas y Peña Nieto, por su parte, recibían cuantiosas comisiones por su colaboración.
La fuente de García Soto aseguró que durante el proceso de “negociaciones” se reunió varias veces con Salinas, y cuando todo estaba listo solía decirle en clave: “está listo el tema, no te olvides de mandar el vehículo”. Con esto último se refería al dinero que al final era repartido entre los dos grandes beneficiarios de este esquema de corrupción al más alto nivel.
Actualmente Genaro García Luna está negociando no declararse culpable a cambio de dar toda la información que posee para destapar la cloaca de corrupción que durante años prevaleció en el espectro político de México.
Mientras tanto, en México la UIF y la FGR recaban testimonios de empresarios que están dispuestos a declarar.
Con información de Infobae
