Derechos humanos / para los marihuanos”, es el canto que a cada rato repite un coro de voces masculinas afuera del Senado.
Son los activistas del Movimiento Cannábico Mexicano (MCM) que se instalaron el pasado fin de semana en la Plaza Luis Pasteur, justo enfrente de la Cámara Alta, con carpas, mantas, afiches y una carpeta en la que juntan firmas de apoyo a la postergada legalización.
Llegaron en vísperas del inicio del periodo ordinario de sesiones para presionar a los senadores. Así piensan quedarse, en plantón permanente, hasta que se cumpla el fallo de la Corte que los obliga a modificar la ley para reconocer los derechos de los consumidores.
El plan, mientras tanto, es realizar festivales públicos, recibir a personalidades que apoyan la iniciativa y cuidar las plantas de marihuana que sembraron el domingo en los jardines de la Plaza.
“Queremos una legislación justa, que no se ataque ni discrimine a los consumidores. Queremos libre autocultivo”, explica a RT Pablo Alfa Herrera, miembro de una de las organizaciones que forma parte del MCM, después de convocar al apoyo de los peatones desde un megáfono.
El momento es más que oportuno, dice, porque más allá del plazo de la Corte, el próximo 15 de marzo se cumplirán 100 años del prohibicionismo de la marihuana en México. Y un siglo ha sido más que suficiente para demostrar que la penalización no funcionó.
“Lo ideal es que se terminen los maltratos a los consumidores, las ofensas y extorsiones. La Policía sigue decidiendo cuándo y por qué meternos presos. Los servidores públicos deben ser educados para que ya no haya persecuciones por tener una planta o fumarse un porro”, explica.
La apuesta es que los cambios legales impacten incluso en el lenguaje. Por ejemplo, los activistas están en contra de que se divida el “uso medicinal” y “uso recreativo” de la marihuana.
“No es un juego lo que hacemos. Queremos que se establezca que es consumo de marihuana para ‘uso privado y personal’, eso es lo correcto”, precisa.
A su alrededor, una decena de hombres se reparte tareas en el campamento. En la mesa de recolección de firmas hay una caja forrada de papel verde. Es un buzón para sugerencias o, si se quiere, donaciones. Por doquier hay hojas de marihuana de cartón con el lema “México regula 2019”. Los activistas dicen que las de 2020 están por llegar.
“Mariguana. Patrimonio de México y el mundo”, presume una lona firmada por la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis que promueve el respeto a los derechos de los usuarios y el aprovechamiento libre de sus usos industriales y medicinales. “¡Información y libertad! Por el fin del mundo prohibicionista”, es el lema generalizado.
En el plantón se ofrecen asesorías por problemas legales relacionados con el consumo de la marihuana y para tramitar permisos de autocultivo, además de consultas con médicos pioneros en la investigación de cannabis medicinal. En el piso destaca un pizarrón en el que a diario anunciarán la cuenta regresiva.
Hoy señala: “Faltan 86 días para la declaratoria de inconstitucionalidad de la prohibición”.
La historia y la meta
Los campos mexicanos siempre han sido tierra fértil para el cultivo de marihuana, una planta que aquí y en otras partes del mundo se usó desde tiempos ancestrales con fines religiosos, médicos, sociales o industriales.
A principios del siglo pasado, la planta se utilizaba en el país sin ningún tipo de limitación hasta que Estados Unidos comenzó a presionar para que se aprobaran leyes que prohibieran el consumo de determinadas sustancias, en particular la marihuana, el opio, la cocaína y, durante un tiempo, el alcohol.
En el caso de México, esa ley se aprobó el 15 de marzo de 1920, cuando el gobierno publicó el decreto ‘Las disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran la raza’ que prohibió el cultivo, venta y consumo de cannabis. Con el paso del tiempo, las leyes se endurecieron y la planta quedó estigmatizada al vincularse de manera directa a la delincuencia. Los prejuicios siguen vigentes.
Un siglo más tarde, el país está sumido en una guerra contra el narcotráfico que exacerbó la violencia sin afectar un negocio que obtiene jugosas ganancias gracias a la ilegalidad de las sustancias que trafica, entre ellas la marihuana de la que México es uno de los principales países productores.
En ese contexto, arreciaron las campañas en favor de la legalización que, de a poco y con normas diferentes, comenzó a avanzar en Europa, Estados Unidos y América Latina con Uruguay como principal ejemplo, ya que es el único país que hasta ahora ha regulado de manera integral la cadena de producción, venta y consumo.
A fines de 2016, el Congreso mexicano aprobó la legalización de la marihuana con fines medicinales, pero el empujón final lo dio dos años más tarde la Suprema Corte de Justicia al fallar a favor de consumidores que habían interpuesto un amparo para poder usar cannabis con fines personales.
“El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan –sin interferencia alguna– qué tipo de actividades lúdicas desean realizar… ese derecho no es absoluto y podría regularse el consumo de ciertas sustancias, pero las afectaciones que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta”, afirmó el máximo órgano de justicia en una sentencia que sentó jurisprudencia. Es decir, la volvió obligatoria.
La Corte validó así el cultivo y el consumo, pero no la comercialización, y determinó que el Poder Legislativo tenía de plazo el 31 de octubre de 2019 para reformar la Ley General de Salud que en su capítulo sobre sustancias sicoactivas todavía prohíbe todos los usos del cannabis. Pero la fecha no se cumplió, por lo que se estableció una prórroga que vence el 30 de abril, es decir, el último día de sesiones ordinarias del Congreso. Se supone que no puede haber más retraso.
Esa es la meta de los activistas. Y en caso de que los legisladores cumplan, ahora sí México comenzará a decir adiós al modelo prohibicionista.
Con información de RT
