El canciller venezolano, Jorge Arreaza, viajó a La Haya (Países Bajos) para exponer ante la Corte Penal Internacional (CPI) lo que para el Gobierno venezolano son crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos contra el pueblo del país suramericano.
Caracas sostiene que las sanciones impuestas afectan a asuntos vitales del pueblo venezolano, como el derecho a la alimentación y a la medicación. Y es que las medidas coercitivas unilaterales que han recrudecido con la administración de Donald Trump impiden el libre acceso de Venezuela al mercado internacional.
La iniciativa tiene lugar luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyera a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, al ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, y al procurador general, Reinaldo Muñoz, a preparar la querella en busca de la justicia ante los tribunales internacionales frente a la agresión estadounidense contra la nación.
La más reciente sanción ilegal de EEUU fue contra la aerolínea estatal Conviasa. Esta ejecutó varios programas de atención social como el Plan Vuelta a la Patria, consistente en rescatar a inmigrantes desamparados en el exterior que quisieran regresar a su país pero que no cuenten con los recursos necesarios para lograrlo por sus propios medios.
Con información de Sputniknews
