Los abogados del expresidente boliviano denunciaron además la persecución política a miembros del partido Movimiento al Socialismo (MAS).
El expresidente de Bolivia Evo Morales aseguró en conferencia de prensa este viernes 21 de febrero en Buenos Aires que la inhabilitación de su candidatura como senador fue instruida por el Gobierno de Estados Unidos.
Morales agregó que todas las decisiones del Tribunal Supremo Electoral están orientadas por el Gobierno de facto, un mandato que obedece a la voluntad de la administración estadounidense y no solo prohíbe su regreso al país, sino que incluso no lo deja acercarse a la frontera boliviana.
No nos perdona que hayamos luchado “por la dignidad, la soberanía, por nuestra Patria Grande y la liberación de nuestros pueblos”, aseguró. Asimismo, recordó el impacto del movimiento de izquierda en el continente: “eran tiempos en que todos trabajamos por nuestros pueblos”.
“En esta gestión hemos demostrado que otro mundo sin el imperio norteamericano es posible, sin el FMI. Ese es nuestro pecado, nuestro delito: nos hemos liberado de la presión política, de los condicionamientos económicos y hemos liberado a muchos hermanos y hermanas de la pobreza”, afirmó.
Batalla jurídica
La conferencia también sirvió para dar a conocer cómo avanza el caso de inhabilitación del exmandatario, que de acuerdo con sus abogados “agotará todos los recursos jurídicos” para seguir en la carrera por el puesto de senador por el estado de Cochabamba.
Al respecto, Raúl Salvador, uno de los letrados que defiende a Morales, aseguró que la decisión dada a conocer este jueves por el TSE de inhabilitarlo por el incumplimiento del requisito de residencia permanente es una interpretación irracional de las leyes.
Afirmó que la candidatura no solo está amparada por una, sino por dos fuentes principales: la Constitución de 2009 y la interpretación del acuerdo internacional referido a los Derechos Humanos.
También, citó la ley boliviana y declaraciones del Tribunal Constitucional en el caso de una opositora sobre el tema de la residencia, que se declaró como el sitio donde la persona está inscrita en el padrón electoral, requisito con el que cumple el expresidente.
Ese organismo dijo además que que si la persona, por cuestiones legales o de fuerza mayor, se ve obligada a salir del país, se considera que su residencia ha sido objeto de un proceso de intermitencia.
“Evo Morales iba a ser asesinado”, dijo el abogado.
Por su parte, el otro integrante de la defensa, Eugenio Raúl Zaffaroni, se refirió a la persecución política de la que es objeto no solo Morales, sino su partido. Mencionó la captura de la apoderada legal del expresidente y la retención de documentos que ella portaba y el hecho de que la sede del MAS se encuentre sellada por supuestas investigaciones.
Además, se refirió a la posibilidad de que aún se inhabilite al candidato a la presidencia Luis Arce, cuando queda poco tiempo para el 3 de mayo, día de las elecciones.
“El fraude viene a través de distintos signos por vía de proscripción; no frontal sino por goteos: generando violencia, dificultades y proscribiendo candidatos”, dijo Zaffaroni.
Asimismo, se refirió a que se escogió el contexto de los carnavales en Bolivia, días de festejo y bajas posibilidades de movilización por parte del pueblo, para emitir estas decisiones.
“La lucha continúa”, afirmó.
Con información de Telesur
