Un grupo de 15 senadores de Morena dio el primer paso para apoyar la consulta popular a fin juzgar a los expresidentes de 1988 a 2012 por corrupción.
Firmaron un documento dirigido a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, donde le solicitan efectuar los trámites para proceder a la convocatoria.
Sin embargo, para que proceda la petición debe estar avalada por el 33% de los legisladores que integran el Senado o la Cámara de Diputados.
En el caso del Senado se requerirían 43 firmas, es decir, faltarían 28 más.
Tan solo la bancada de Morena son 61 legisladores.
Los 15 senadores que firmaron esta petición son:
Aníbal Ostoa, Antares Vázquez, Blanca Estela Piña, Daniel Gutiérrez, Eva Galaz, Gloria Sanchez, Jesusa Rodríguez, José Luis Pech, José Narro, Maria Antonina Cardenas, Martí Batres, Minerva Citlalli Hernández, Napoleón Gómez Urrutia, Nestora Salgado y Ovidio Peralta.
Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, informó previamente que sería hasta este domingo, en los trabajos de la asamblea plenaria de su bancada, cuando tomarían la decisión.
La solicitud presentada por 15 senadores plantea incluso la pregunta de la consulta:
“¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.
Los promotores de esta solicitud, señalan que jamás se había formulado petición de consulta popular por parte de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso, por esta razón, dicen textualmente: “Nos encontramos ante un hecho histórico y una decisión de la mayor trascendencia en la presente legislatura”.
Y textualmente añaden: “A ese entramado perverso no han estado ajenas, por omisión o por comisión, las más altas esferas del poder político. El combate a la corrupción y a la impunidad es una causa noble que interesa a todos los mexicanos”.
Además en su escrito afirman que desde el inicio del actual gobierno, se ha dicho que no se trata de un acto de venganza llevar a juicio a los expresidentes de México, en el caso que se acredite la comisión de actos de corrupción en agravio de la nación durante el ejercicio de sus funciones, sino de un acto de justicia.
Con información de Televisa
