Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron este lunes al Poder Judicial de Guerrero la entrega de videos sobre la desaparición de sus hijos ocurrida la noche del 26 de septiembre del 2014.
A unos días del sexto aniversario de la desaparición los padres y sus familiares protestaron ante la Ciudad (Poder) Judicial en Iguala, que tendría en su poder videos sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres, aseguró que las cámaras de video del Palacio de Justicia grabaron la desaparición de los estudiantes y denunció que media docena de ellos fueron desaparecidos.
“En el Palacio de Justicia, el 26 y 27 de septiembre, existían seis cámaras, esas cámaras captaron lo que estuvo sucediendo en esta parte”, expuso Rosales en alusión a los hechos que llevaron a la desaparición.
El letrado recordó que las policías de Iguala, Cocula y Huitzuco actuaron “de manera criminal” al interceptar un autobús en el que se trasladaban unos 20 estudiante que primeramente fueron detenidos por los agentes y posteriormente fueron desaparecidos.
Tras el mitin, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México hicieron pintas y lanzaron piedras, cohetones y cocteles molotov al Palacio de Justicia para exigir la aparición con vida de sus compañeros y el esclarecimiento del caso.
En la protesta, los estudiantes, entre ellos de la Normal Rural de Ayotzinapa, incendiaron algunas oficinas, además de un vehículo de reparto de la empresa panificadora Bimbo.
Según la polémica versión oficial, conocida como “verdad histórica”, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un vertedero de basura del municipio de Cocula.
No obstante, esa versión fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
A inicios de julio, el fiscal especial Omar Gómez Trejo anunció el fin de la “verdad histórica” tras identificar restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez en Cocula, pero lejos del basurero.
Esa identificación es el primer gran logro de la Comisión para la Verdad creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Fiscalía en este último año y medio, en el que se ha ordenado la detención de decenas de policías y funcionarios que manipularon las pesquisas del caso durante el Gobierno anterior.
Con información de EFE
