Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que lleva más de un año en prisión preventiva por el caso de desvío de fondos públicos conocido como “La Estafa Maestra”, aseguró este lunes ser prácticamente una “rehén” por no haber colaborado con la Fiscalía General de la República (FGR).
“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como una rehén ‘porque no he querido colaborar’”, indicó Robles con una carta desde la cárcel publicada en Twitter.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo hace dos meses que la diferencia entre el caso de Emilio Lozoya, funcionario acusado de corrupción pero afrontando el proceso en libertad, y el de Robles, en prisión preventiva, es la oferta formal del primero para aportar información.
“Sé que lo que pretenden para que yo obtenga mi libertad (como en otros casos) es señalando como responsables a excolegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías”, denunció Robles.
Rosario Robles, acusada de permitir el desvío de fondos por cinco mil millones de pesos (225 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma, aseguró que no mentirá para obtener su libertad ya que es inocente y no quiere “salir por la puerta de atrás”.
“No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazadas de testigo colaborador”, apuntó.
Este mismo lunes, la exsecretaria enfrenta una audiencia intermedia, que tiene como propósito “escuchar formalmente la acusación”, detalló en entrevista con Radio Fórmula su abogado, Epigmenio Mendieta.
El defensor explicó que la defensa pidió el sobreseimiento del caso, ya que la ley contempla que “el mismo comportamiento que le atribuyen ahora a María del Rosario Robles por la vía penal” debe llevarse por una “vía distinta, que es la administrativa”.
El abogado defendió que en el caso se han dado “pruebas falsas, alteraciones al debido proceso” y presiones a excolaboradores de Robles para revelar información, cómo ella misma denuncia también en la misiva manuscrita desde prisión.
“Lo que no ha investigado la Fiscalía es cuál fue el rumbo en el que supuestamente quedaron esos recursos. Esos recursos fueron ejecutados por universidades para llevar a cabo tareas específicas”, sostuvo Mendieta para enfatizar la inocencia de su cliente.
Con información de EFE
