Manuel Merino juró este martes como el tercer presidente de Perú desde 2016 en medio de protestas y una profunda crisis política y económica agudizada por la pandemia del coronavirus (COVID-19).
Merino reemplaza a Martín Vizcarra, quien la víspera fue destituido de la presidencia por supuestamente recibir sobornos cuando era gobernador, una acusación sin pruebas concluyentes.
“Aquí no hay nada que celebrar, es un momento muy triste para el país”, dijo Merino, quien hasta el lunes era presidente del Parlamento, es un político desconocido para la mayoría de los peruanos y recientemente fue acusado de intentar asegurar el apoyo del ejército en la destitución de Vizcarra.
Merino, un empresario agrícola de 59 años, aseguró que respetará las elecciones presidenciales y legislativas programadas para abril y que entregará el poder al próximo mandatario en julio de 2021.
El nuevo presidente agradeció su nombramiento a los legisladores y afirmó que los 105 votos con los que se destituyó a Vizcarra “no fueron comprados”.
A pocas cuadras del Parlamento, cientos de personas protestaban por la destitución de Vizcarra, a la que calificaban de “golpe de Estado disfrazado”, y eran contenidos por la policía con gases lacrimógenos.
“Es un golpe de Estado que están haciendo a Vizcarra”, dijo Paul Mendoza, uno de los manifestantes. “Ahora nos van a ocasionar una inflación, la recesión, va a subir el dólar, no vamos a poder seguir adelante porque estamos también con la pandemia”, añadió.
Merino, que gobernará por ocho meses, pidió calma a los manifestantes y dijo que existe “una mala intención de querer dividir al país”.
El nuevo mandatario agregó se concentrará en el sector de la salud para evitar que una segunda ola de infecciones del coronavirus encuentre al país en medio de la “vulnerabilidad”.
La pandemia ha golpeado con dureza a Perú y ha dejado más de contagiados 922.300 y 34.879 fallecidos. A ello se suma una profunda crisis económica. Según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de Perú tendrá este año una caída del 12%.
Vizcarra fue destituido por “incapacidad moral permanente” luego de que los legisladores lo acusaron de recibir más de 630.000 dólares en sobornos por dos obras de infraestructura licitadas cuando era gobernador regional entre 2011 y 2014.
Los congresistas usaron una investigación inconclusa de la fiscalía en la que los investigados lo acusaron de recibir dinero sucio a cambio de una reducción en la condena. Vizcarra ha negado todos los cargos y afirmó que se va “con la frente en alto”.
Con información de AP
