El empresario Alonso Ancira, conocido como el Rey del Acero, será extraditado “tarde o temprano” a México porque la Audiencia Nacional española ya lo autorizó, informó este martes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y sólo falta para ello que se resuelvan los procesos en la Fiscalía mexicana.
“Lo que hizo la Audiencia es desechar un recurso del que efectivamente se estipulaba o se apelaba a que hay una persecución política”, explicó Ebrard en la conferencia matutina del presidente desde Palacio Nacional.
Según el canciller, lo que eso significa es que “conforme se vayan resolviendo” los procesos en curso en la Fiscalía General de la República, “procederá la extradición” de Ancira, reclamado por delitos de corrupción y blanqueo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró sobre el caso que Ancira, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, fue “bien atendido” por gobiernos anteriores.
“Él es beneficiario del régimen que nosotros combatimos, que consideramos un régimen de corrupción”, manifestó, antes de asegurar que ni siquiera lo conoce personalmente.
López Obrador recordó que él ya lo había denunciado “antes de la elección” de 2018 que lo aupó a la presidencia, por la venta al erario con sobreprecio de una planta privatizada “convertida en chatarra”.
“La vendió, según avalúos, en 200 millones de dólares más de su costo real. Y esto pues es parte del juicio del señor (Emilio) Lozoya”, precisó, en referencia al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya extraditado desde España y que actúa como testigo colaborador.
“Ahora se está procediendo legalmente y el señor dice que es persecución política. No”, enfatizó el mandatario.
La justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México a la empresa Tochos Holding, vinculada a Lozoya por un importe de 3,4 millones de dólares.
La investigación comenzó por una denuncia de Pemex relacionada con un supuesto sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de una planta de fertilizantes en 2013 a Altos Hornos de México.
El auto judicial argumenta que Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, “pagando por adelantado” para que cuando este fuera el director general de Pemex se procediera a la “adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos”.
La Audiencia Nacional española falló que los delitos por los que México reclama a Ancira se pueden considerar como tales también en España y descartó tanto que los hechos hayan prescrito como la persecución política que alegaba la defensa de Ancira.
Con información de EFE
