México sigue trabajando en la extradición desde Israel de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, un proceso que se tornó lento porque el expolicía solicitó asilo.
“Está en manos de autoridades israelíes la información correspondiente y la Fiscalía General de la República (FGR) está llevando a cabo el proceso”, dijo el canciller Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un día después de que el mandatario se reuniera con los padres de los jóvenes, el canciller precisó que el Gobierno ha dejado claro que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) es reclamado por México acusado de tortura.
En este caso, dijo, aunque no hay tratado de extradición con Israel, cuando hay delitos que atentan contra los derechos humanos “los países están obligados a actuar como si hubiese tratados de extradición”.
Señaló que Zerón está tratando de obtener asilo argumentando que vive una persecución política lo que está retrasando las gestiones. No obstante, pronosticó “que México va a salir adelante en esta causa”.
Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, aseguró que desde que se iniciaron las investigaciones del caso, la dependencia ha proporcionado la información que ha sido requerida por investigadores y padres.
Afirmó que la Sedena sostendrá reuniones con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para darles acceso a “toda la información que requieran” y reiteró que el organismo tiene apertura para estar con ellos “de tal manera que no se tenga la percepción de que se están ocultando cosas”.
Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), huyó de México y cuenta con una emisión de ficha roja por parte de la Interpol para localizarlo y extraditarlo, según la Fiscalía.
El exfuncionario es considerado uno de los autores claves de la hipótesis de que los restos de los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, una versión cuestionada por familiares y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI, que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El fiscal especial para el caso Ayotzinapa del actual Gobierno, Omar Gómez Trejo, anunció en julio pasado el fin de esa llamada “verdad histórica” tras identificar restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez en Cocula, pero lejos del basurero.
La identificación de Rodríguez es el primer gran logro de la Comisión para la Verdad creada por López Obrador y de la Fiscalía en más de año y medio, en el que se ha ordenado la detención de decenas de policías y funcionarios que manipularon las pesquisas en el Gobierno anterior.
El pasado 26 de septiembre se cumplieron seis años de la desaparición de los 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero.
López Obrador, quien asumió la Presidencia en 2018, prometió desde su llegada al poder resolver el caso.
Con información de EFE
