Este jueves, el gobierno de Joe Biden le pidió a la Suprema Corte que desestimara tres demandas contra algunas ciudades santuario. Estas demandas se hicieron durante la administración de Donald Trump. Con ellas, se buscaba que estas ciudades brindaran información sobre migrantes indocumentados.
El gobierno de Donald Trump levantó estas 3 demandas contra diferentes ciudades santuario como parte de su política antiinmigrante. Su intención era obligar a los departamentos de policía a avisar a las agencias migratorias cuando liberaran a migrantes indocumentados.
Según las demandas, si la policía no accedía a esto, se recortarían los fondos federales a los gobiernos de estas ciudades santuario. Esta técnica se aplicó al inicio de la administración Obama y también a lo largo de todo el mandato de Trump.
Además, el gobierno de Donald Trump también pretendía tener acceso a las prisiones de las ciudades santuario demandadas. De esta forma, los agentes migratorios hubieran podido interrogar a los inmigrantes encarcelados.
Sin embargo, con la petición del gobierno de Joe Biden, la Suprema Corte archivó estas demandas que permanecían pendientes. Además, el Departamento de Justicia aclaró que ya se llegó a un acuerdo con las ciudades involucradas. Con ello, arroja señales de que ya no piensa seguir aplicando estos métodos para detener inmigrantes.
Las ciudades santuario durante la era Trump
El gobierno de Donald Trump tuvo varios desencuentros con diferentes ciudades, y no sólo con ciudades santuario. Esta administración amenazó con la suspensión de fondos federales a aquellos gobiernos locales que no cooperaran con ICE. De hecho, ICE pidió que las policías y las oficinas de sheriff de estas ciudades retuvieran a sus presos 48 horas después de que terminaban sus sentencias.
Estas solicitudes se aplicaron, aunque de manera ilegítima. Con ello, se afectó a inmigrantes detenidos que enfrentaban condenas por delitos locales, los cuales quedaron expuestos al peligro de la deportación.
Posteriormente, los tribunales federales terminaron con esta práctica. Sin embargo, el Departamento de Justicia solicitó que se le avisara cada que un inmigrante iba a quedar en libertad. Como consecuencia se iniciaron diferentes disputas legales.
