Han pasado dos años y medio desde que el médico Blas Godínez Ortega fue baleado la víspera de tomar posesión como alcalde de Gómez Farías, Chihuahua. Pese a que el hecho se convirtió en un escándalo nacional, la intimidación por parte del crimen organizado se ha vuelto a hacer presente en el actual proceso para renovar los ayuntamientos de la entidad, igual que sucede en otras partes del país.
Godínez Ortega fue elegido presidente municipal en 2018 luego de emprender una campaña para exigir justicia por el secuestro y desaparición de su padre.
La noche del 7 de septiembre de 2018, un falso paciente se presentó en el consultorio de Godínez Ortega y le disparó a la cabeza. El presidente electo sobrevivió al atentado, pero fue su suplente quien debió tomar posesión del cargo.
Había sido un proceso electoral marcado por la violencia. El candidato del PRD en Gómez Farías, Édgar Mendoza, había renunciado a seguir su campaña por amenazas. En Ignacio Zaragoza, municipio vecino, se desató una balacera entre grupos delictivos en plena campaña electoral. La casa del aspirante perredista a la alcaldía, Felipe Mendoza, fue incendiada, y tres de sus compañeros de partido –entre ellos, la candidata a regidora Liliana García– fueron asesinados. Mendoza tuvo que huir.
En Chínipas, en el suroeste del estado, hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba Antonio Miranda Martinié, quien era candidato a síndico por el PAN. Lo obligaron a descender y luego lo mataron frente a su familia.
Las cosas tampoco pintan bien en el proceso electoral en curso. El 4 de marzo pasado, Yuriel González Lara, candidato del PRI a la presidencia municipal de Nuevos Casas Grandes, fue asesinado junto con un policía estatal que lo acompañaba.
Abogado de profesión, González Lara había sido director de seguridad pública desde 2014 y hasta el momento en que decidió buscar la alcaldía.
El viernes pasado venció el plazo para registrar planillas para renovar los ayuntamientos del estado. Esta semana, el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario, David Medina Rodríguez, denunció que su organización sólo había podido registrar candidatos en 30 de los 45 municipios en los que tiene presencia. “Las amenazas nos frenaron porque hay regiones en las que simplemente no te permiten tener un candidato”, explicó Medina a El Diario de Juárez.
En conversación telefónica con este reportero, Medina dijo que varios de sus aspirantes a alcaldes fueron amenazados y decidieron no competir. “Hay dos tipos de amenazas: la de los contrincantes, que ya saben cómo asustar a la gente para que no registre, y la de los criminales, que simplemente dicen ‘aquí va a haber un solo candidato y hazle como quieras’”, afirmó el líder del PES, cuyo partido postuló a Juan Godínez en 2018.
El problema se agudiza, dijo, en los tres distritos electorales del poniente del estado: el 1, con cabecera en Nuevos Casas Grandes; el 13 (Ciudad Guerrero) y el 22 (Guachochi). Entre los municipios que mencionó están Madera, Temósachic, Chínipas, Guazapares, Urique, Morelos y Batopilas. En todos ellos, el crimen organizado ha sentado sus reales.
Ayer, habitantes del pueblo mágico de Batopilas pegaron cartulinas para denunciar que la organización delictiva Gente Nueva se ha apoderado del lugar. “Nos tienen cada vez más jodidos”, decía una de ellas.
Ése es el ambiente en el que muchos municipios de México irán a las urnas.
BUSCAPIÉS
Ayer comentaba aquí sobre la Encuesta para la Medición del Impacto del Covid-19 en la Educación, realizada por el Inegi. El dato que capturó los titulares informativos –y con razón– fue que por motivos asociados a la epidemia o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5.2 millones de personas, de entre tres y 29 años de edad, al actual ciclo escolar. Pero si uno lee con cuidado la encuesta, encontrará otros puntos de preocupación, como que hay 2.7 millones de jóvenes de entre 13 y 18 años que no están estudiando. Es una edad crítica, en la que los chavos pueden ser enganchados por criminales. En un trabajo periodístico que hicimos en Excélsior hace varios años, descubrimos que –según la base de datos oficial SIMBAD– una característica del sicario promedio era tener la secundaria trunca.
