La reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en la noche del pasado viernes 16 de abril en el Diario Oficial de la Federación, es inconstitucional. Atenta contra los derechos humanos y pone en riesgo los datos personales de la mayoría de la población. Es una aberración parlamentaria ante la cual la Constitución y las leyes ofrecen recursos para evitar que prospere, pero donde la sociedad tiene la última palabra.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros pueden y deben presentar acciones de inconstitucionalidad; mientras que cualquier usuario de telefonía móvil mayor de 18 años en el momento correspondiente puede solicitar un amparo, para no entregar sus datos biométricos o evitar las sanciones que esta reforma establece, lo cual dicho sea de paso son absolutamente desproporcionadas.
En México el 80% de las extorsiones provienen de los reclusorios.
Bien dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El ánimo de la reforma es contribuir a combatir el secuestro, las extorsiones y otros delitos, lo cual es correcto, pero la ruta elegida es totalmente equivocada. De hecho, en la iniciativa inicial, presentada en 2019 por Mario Delgado, el padrón de usuarios no incluía los datos biométricos. En ninguna democracia europea o americana existen este tipo de requisitos para un servicio como la telefonía móvil, porque, al igual que en México, las libertades están protegidas.
¿Cómo combaten al terrorismo y a la delincuencia en otras naciones como Estados Unidos, Francia, Inglaterra o España, que han padecido ataques en los últimos años?
Con policías profesionales, inteligencia e instituciones que responden al Estado y no al gobierno en turno sea de izquierda, derecha o de centro.
En México el 80% de las extorsiones provienen de los reclusorios. Sería más fácil y útil establecer dispositivos para inhibir señales de celular a por lo menos un kilómetro de éstos y para el resto de los delitos combatir la corrupción, tener una policía de investigación capaz y con equipo moderno, antes que violentar los derechos de 80 millones de usuarios de telefonía móvil.
A todos los que les he preguntado sobre este tema, su respuesta ha sido categórica:
¡No entregaré mis datos!
Tienen toda la razón, por lo que se avecina no sólo una tormenta de amparos, sino un movimiento de resistencia civil que no calibraron bien los legisladores, más ahora que muchos de ellos se quieren reelegir.
La Cuarta Transformación propone la creación de un estado social, democrático y de derecho. Hay que apoyar los cambios que apuntan en este sentido, que combatan efectivamente la corrupción y el dispendio, que busquen la igualdad y garanticen las libertades. También corresponde fijar posición ante reformas como ésta que son claros errores, porque al final dañan al proyecto de transformación. El movimiento no puede avalar esta reforma, debe estar del lado de la sociedad y del respeto a la Constitución.
Los hombres podemos fallar, somos vulnerables a los caprichos del destino, a los avatares del azar y a los remolinos de la pasión, por eso existe el Estado y las instituciones. En México, en el siglo XIX, se creó el juicio de amparo, un invento mexicano que hoy está más vigente que nunca.
