Autoridades federales investigan a Samuel García, candidato al gobierno de Nuevo León, por depósitos de empresa fantasma y lavado de dinero.
De acuerdo con el portal Animal Político, las investigaciones contra Samuel García están activas desde 2019 por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
Sobre estas indagatorias, INE ya fue avisado y se sabe que turnó la información al área de fiscalización para verificar la procedencia legal de estos recursos transferidos a Movimiento Ciudadano.
Hay depósitos de 26 millones de pesos por una empresa fantasma; 170 millones triangulados entre firmas con operaciones inusuales; más de 18 millones con tarjetas de crédito, y retiros por varios millones en efectivo.
La nota resalta que las investigaciones en curso se extienden a la esposa, suegro y padre de Samuel García, por transacciones millonarias no reportadas.
Esa conducta podría ser tipificada bajo el delito de evasión fiscal.
A Mariana Rodríguez se le detectó que recibió 60 transferencias bancarias por 1 millón 371 mil pesos, desde la cuenta de una empresa con alertas por operaciones irregulares.
También cuatro depósitos por 1 millón 114 mil pesos y consumos con su tarjeta de crédito por casi tres millones de pesos.
Dichos movimientos no son ilegales, pero no están registrados en sus declaraciones anuales de impuestos.
Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, padre de Mariana, recibió depósitos por 6 millones 201 mil 823 pesos de dos empresas con operaciones inusuales.
En tanto, a Samuel García Mascorro le faltan declaraciones fiscales anuales de 2016 a 2019.
Samuel García: en 30 años no hemos tenido problemas con la justicia
Samuel García respondió que aclarara lo que las autoridades le soliciten, y dijo que desconoce sobre una investigación en su contra.
Sostuvo que durante 30 años no han tenido problemas con la justicia.
Agregó que no es la primera vez que se le cuestiona sobre investigaciones que desconoce y lo atribuyó a una “guerra sucia”.
En diferentes ocasiones, Samuel García ha señalado que sus ingresos provienen de sus actividades empresariales, pues incluso no necesita de su sueldo como funcionario público.
