Académicos e investigadores de instituciones de educación superior públicas y privadas consideraron que una ley general de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que aspire a transformar al país debe asegurar el financiamiento estable de la CTI a partir de un porcentaje incremental del gasto público anual, fortalecido con la colaboración público-privada, la formación de redes internacionales y la protección de derechos de propiedad intelectual, además de poner un objetivo temporal a un mínimo de uno por ciento del producto interno bruto (PIB) que señala la ley.
Al presentar las conclusiones de las Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro, William Lee, investigador y coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, señaló que durante este evento, a través de 13 mesas con más de 120 miembros de 17 instituciones del sector que fueron seguidas en redes sociales por miles de colegas, se desarrolló una lista de 15 puntos, los cuales deberán incluirse en la ley mencionada y que estiman entregarán tanto al Congreso de la Unión como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Con base en estos puntos, Lee dijo que se debe procurar una adecuada distribución de recursos para la CTI entre las secretarías de las entidades federativas y de la Federación, a fin de enriquecer la política pública, promover el desarrollo transversal de competencias institucionales y asegurar la atención a las necesidades de ciencia y tecnología regionales.
También, señaló, es prioritario adoptar un federalismo abierto y constructivo que favorezca la distribución de competencias y la coordinación para el funcionamiento del Sistema Nacional de CTI, así como garantizar la participación amplia de la comunidad académica y de los sectores privado y social en los distintos niveles de planeación, formulación y coordinación de la política de CTI a través de órganos autónomos que den voz a las comunidades en el ámbito nacional y regional.
El especialista añadió la necesidad de laborar el programa de prioridades nacionales a partir de problemas que requieren una solución urgente para la sociedad, a partir de la opinión expresada por las comunidades de científicos, tecnólogos, innovadores y la sociedad en general, tanto como establecer mecanismos institucionales de comunicación pública de la ciencia que garanticen el derecho humano a los beneficios de la CTI. Además de asegurar la libertad de investigación con perspectivas de derechos humanos y equidad de género, así como el reconocimiento del valor estratégico de todas las formas de ciencia y eliminar cualquier discriminación en contra de las y los investigadores que trabajen en instituciones privadas, incluyendo los estímulos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
Opinión de Cesar Arellano García/La Jornada
