“La legislación antiaborto de Texas allana el camino para que todos los defensores del derecho a la vida demanden a los médicos especialistas en aborto, y alguien que proporcione fondos para un aborto también podría ser demandado, incluso si no sabía para qué se estaba utilizando el dinero”. Con esa noticia amanece hoy ese estado, con fuerte presencia de mexicoamericanos y en manos de los republicanos.
De acuerdo con un texto de NBC News, firmado por Marina Garrett –defensora de las sobrevivientes de agresión sexual–, Texas lleva años atacando el acceso al aborto. “Después de que el estado aprovechó la crisis de COVID-19 la primavera pasada para tratar de cerrar las clínicas de aborto, era difícil imaginar que pudiera volverse más extremo”.
“Pero la Legislatura de Texas está preparada para hacer precisamente eso, al aprobar una legislación que se anuncia como la primera de su tipo por las tácticas para prevenir el acceso al aborto. La medida ya ha sido aprobada por el Senado estatal y está programada para aprobar una votación de procedimiento de la Cámara este jueves. Se espera que la versión obtenga la aprobación del Gobernador cuando llegue a su escritorio”, agrega Garrett.
Al igual que varios otros estados, Texas se han movido para prohibir todos los abortos una vez que se pueda detectar la actividad cardíaca en el feto. Por lo general, eso ocurre alrededor de las seis semanas, sólo dos semanas después de un periodo perdido y antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas. Funcionaría como una prohibición casi total del aborto, sin excepciones por violación o incesto. En algunos casos, también se puede evitar que los médicos que necesitan resolver el aborto espontáneo de un paciente lo hagan.
En otras palabras, “si una texana queda embarazada como resultado de una violación y un consejero de violación le proporciona información sobre cómo obtener un aborto, el violador podría demandar a ese consejero si la sobreviviente tuvo lo que el estado considera un aborto ´ilegal´.
El violador también podría demandar al médico que realizó el aborto y a cualquier otra persona, como un miembro de la familia, que los apoyó para que se realizaran el aborto”, dice la defensora de las sobrevivientes de agresión sexual.
“De manera similar, alguien que proporciona fondos para un aborto podría ser demandado, incluso si no sabía para qué se estaba utilizando el dinero. Y dado que cualquiera que ´tenga la intención de participar´ en proporcionar un aborto ilegal también puede ser considerado responsable, es posible imaginar que el violador u otra parte podría demandar al proveedor antes del procedimiento para evitar que suceda, negando a la víctima la capacidad tener el aborto”, agrega.
Estos son sólo algunos escenarios, dice. Al permitir demandas individuales en lugar de depender de que el estado actúe contra cualquier delito de aborto, la medida desencadena un ejército de opositores al aborto a demandar y acosar a proveedores, asesores y activistas. Una vez firmado, los tribunales podrían verse inundados de demandas potencialmente frívolas y acosadoras.
El proyecto de ley de la Cámara incluye algunos términos para evitar que una persona que comete una agresión sexual presente una demanda. Pero se podría interpretar que la ley tal como está redactada requiere que el agresor haya pasado por el sistema legal, y sólo se denuncia aproximadamente uno de cada cuatro agresiones sexuales, y la gran mayoría nunca ha resultado en una condena. Por no hablar de poner la carga de arrojar el traje sobre el superviviente.
Con información de Sin Embargo
