Amazon anunció este martes que prolongará la prohibición ya en vigor a los cuerpos de Policía de usar su tecnología de reconocimiento facial Rekognition, decretada en junio del año pasado tras la muerte del afroamericano George Floyd y que en principio iba a durar sólo un año.
La empresa que dirige Jeff Bezos indicó que la prohibición se mantendrá “hasta nuevo aviso”, por lo que todo apunta a que se extenderá más allá de los doce meses inicialmente previstos y que vencerán el próximo 10 de junio.
El año pasado, Amazon tildó la medida de “moratoria” para que el Congreso tuviese tiempo de “implementar las reglas adecuadas” en el uso por parte de las fuerzas de la ley de esta tecnología basada en la inteligencia artificial, algo que todavía no ha ocurrido.
Los grupos en defensa de los derechos civiles aseguran que esta tecnología invade la privacidad de los ciudadanos de forma excesiva, a la vez que puede perpetuar sesgos policiales contra minorías étnicas, ya que se ha probado que tiende más al error con personas de piel oscura.
Tras la muerte de Floyd a manos de un agente de Policía blanco en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) y la oleada de protestas que la siguieron, otro gigante de la tecnología, IBM, anunció que se retiraba del negocio de reconocimiento facial, también como respuesta a las críticas de supuesto sesgo racial que esta técnica ha recibido.
En 2019, San Francisco (EE.UU.) se convirtió en la primera gran ciudad del país en prohibir a todas las agencias locales, entre ellas la Policía, el uso de técnicas de reconocimiento facial, cada vez más empleadas por las autoridades para identificar a criminales pero criticadas por las organizaciones proderechos civiles.
Gobiernos y agencias de seguridad de todo el mundo hace años que utilizan las técnicas de reconocimiento facial (capaces de identificar a individuos mediante inteligencia artificial) para tareas como identificar a criminales, ayudar en las tareas de búsqueda de menores desaparecidos y prevenir el fraude documental.
Un estudio llevado a cabo en 2018 por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) halló que el reconocimiento facial había identificado incorrectamente a 28 congresistas de EE.UU. (en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas) como criminales al comparar sus fotografías con imágenes policiales.
