‘Abrazos, no balazos’ para los delincuentes y acusaciones torvas, injustas y preocupantes contra quienes no tienen cómo defenderse. Sean niños moribundos y sus padres quienes claman por medicamentos, escuelas que quebrarán con la nueva NOM mandatada, científicos que cumplieron su labor conforme a la norma establecida o una mujer cuyo único crimen es ser odiada por el fiscal de la nación.
Para lo que usted guste y mande, sustentado en el supuesto —de real no tiene nada— combate a la corrupción, en este gobierno se acosa a quien da resultados, evidencia al gobierno y aliados o se atreve a alzar la voz. Investigadores, empresarios, opositores, jueces, damnificados por igual.
Porque si algo ha quedado claro en el gobierno de la Cuarta Transformación es que no hay justicia; abundan los ajusticiamientos, que es algo mucho muy distinto.
Ayer, afortunadamente, el poder judicial negó girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos, académicos y exfuncionarios del CONACYT acusados por la Fiscalía General de la República de llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. ¿El motivo? Que desde el Consejo, y conforme a derecho, autorizaron el financiamiento de 244 millones de pesos al Fondo Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).
En el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología está especificado que dicho Fondo existe y cómo deben hacerse las autorizaciones de transferencias, por lo que no hay delito a perseguir. La ley no ha cambiado. Lo que cambió es el Estatuto Orgánico del CONACYT, pues en 2019 se eliminó la disposición que establecía que el Fondo fuese una asociación civil. Mas la aplicación de dicho nuevo lineamiento no puede ser retroactiva, por lo cual no se pueden decir que entre 2012 y 2018 hubo transferencias ilegales a una AC.
Sin embargo, ello no es impedimento para que la fiscalía continúe acosando a quienes cumplieron con lo establecido por la ley y tuvieron la osadía de denunciar corrupción en el Sistema Nacional de Investigadores por cuanto al ingreso ni más ni menos que de quien está al mando de la procuración de justicia en México. La FGR, que por lo visto no entiende lo que dice la norma, en un comunicado avisa que volverá a solicitar la orden de aprehensión, “explicando con claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.
Con ello deja de manifiesto que no es la justicia lo que busca; lo mueve la sed de venganza. No sabemos si los científicos y académicos perseguidos son los que señalaron que la investigación presentada por Alejandro Gertz Manero, y que le significó ingresar al SNI, es un plagio o bien obedece a que son los que demostraron que María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del CONACYT, metió a laborar a dicha dependencia a personas sin la preparación mínima necesaria para llevar temas como es la biología genética.
Lo cierto es que la actitud de la fiscalía da pie a algunas interrogantes: ¿Alguien cree que la directora del CONACYT escarbó en la normatividad para encontrar una excusa que le permitiera denunciar penalmente a diversos académicos? ¿Por qué el fiscal general de la república decidió solicitar —ya tres veces— órdenes de aprehensión contra los científicos en cuestión, cuando la ley señala que no existe delito que perseguir? ¿Por qué politizar la justicia y la ciencia en México? ¿Por qué perseguir científicos que no violaron la ley en lugar de perseguir probados criminales?
Las respuestas varían de acuerdo a los caprichos y vísceras de quien fustiga.
A la par que eso sucede, el presidente de la república desconoce y erosiona las figuras jurídicas y procesales, y cínicamente receta: “el que nada debe, nada teme.” Tal vez él desconoce el caso de la cuñada del fiscal, quien está en prisión desde el año pasado, sin pruebas, solo por la inquina de quien detenta poder.
El problema radica en que, cuando el propio primer mandatario dinamita los procesos, figuras y garantías legales, la máxima del que ‘nada teme’ y todo el Estado de derecho deja de tener verificativo. Si las garantías jurídicas están siendo cuestionadas y sobajadas por el régimen, no hay forma de evitar que la autoridad invente elementos de culpabilidad que no tuvieron lugar.
Ello explica que Gertz Manero anunciara irá por un tercer intento… Está siendo solapado ni más ni menos que por López Obrador. Esto es, a otro con ese cuento de que la FGR es independiente de los designios de palacio.
Demuestra también el tamaño de la 4T: fustiga a los creadores del conocimiento, a quienes han denunciado los errores hoy cometidos en el CONACYT, pero como autoridad no tiene el interés de perseguir y demostrar las tropelías de los verdaderos delincuentes que asolan a nuestra nación.
Mientras López Obrador promueve abrazos al delincuente y permite un fiscal que atiende sus prioridades y no las del país, el Estado de derecho y la justicia sufren el menoscabo y, de igual manera, los derechos de todos los mexicanos.
La incertidumbre jurídica creada con hechos, con solicitudes de órdenes de aprehensión sin pruebas, con una justicia a modo, solo deja claro que para el ejecutivo federal no importa la justicia, ni las propuestas para arribar a ella. Poco o nada entiende o le interesa la separación de poderes y menos aún la urgente necesidad de velar por las garantías individuales de todos nosotros.
Lo que sí existe es la persecución de inocentes y la complacencia a delincuentes. Eso es lo único cierto en la Cuarta Transformación.
