Las nuevas leyes que restringen el acceso al aborto en algunas partes de Estados Unidos no sólo han encontrado oposición política sino también la crítica de parte de la comunidad médica porque “ponen en peligro” la salud de las mujeres que quieren interrumpir su embarazo.
Así lo aseguró en una entrevista con Efe la doctora Rashmi Kudesia, una ginecóloga que tiene una clínica de fertilidad en Houston, en Texas, estado en el que una nueva y polémica legislación prohíbe la mayoría de interrupciones del embarazo después de las seis semanas, incluso en casos de violación o incesto.
Florida siguió esta semana los pasos de Texas y presentó el primer proyecto de ley para restringir el derecho al aborto de una manera similar en su estado, cuyas dos cámaras legislativas están en manos del Partido Republicano.
Para Kudesia, estas normativas son “muy peligrosas” porque dificultan tener un aborto “seguro y saludable” y provocan que más mujeres “intenten poner fin a los embarazos no deseados por su cuenta”.
Un estudio de la Universidad de Colorado publicado recientemente también apunta a que el número de muertes relacionadas con el embarazo puede incrementar en un 21% con leyes de este tipo debido a posibles complicaciones de la propia gestación.
Además de los riesgos directamente asociados al embarazo no deseado, el Centro Afiya, una organización para la justicia reproductiva de Dallas (Texas), también denunció que tener un hijo en esas circunstancias incrementa las posibilidades de que las mujeres afectadas se vean obligadas a mantener contacto con una pareja violenta.
Aseguró que las mujeres a las que se les niega el aborto “tienen una mayor probabilidad de estar desempleadas” y, por ende, no tener suficiente dinero para hacerse cargo de los recién nacidos.
Otro médico especialista del mismo estado, el doctor Alan Brais, consideró en un artículo de opinión en el diario The Washington Post que esta nueva normativa ha devuelto a Texas al 1972, cuando se practicaban abortos clandestinos en ese estado.
La “Ley del Latido de Corazón de Texas” estipula que una vez que el profesional médico detecta latidos cardíacos en el feto no puede realizar la intervención, pero esto ocurre apenas a la sexta semana de embarazo.
Además, permite a ciudadanos iniciar querellas judiciales contra cualquier persona que ayude a una embarazada en la búsqueda de un aborto.
La norma Texas también promueve que ciudadanos presenten demandas civiles contra médicos que practiquen el aborto con recompensas de hasta 10 mil dólares, para así eludir esa decisión.
Este es precisamente el punto que, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés), crea un “clima de miedo a las fuerzas de aplicación de la ley”.
“Cualquier persona de cualquier lugar puede demandar a alguien que ayude a una mujer a abortar. Esto es muy peligroso y por eso lo estamos peleando en los tribunales”, dijo en declaraciones a Efe Sarah Lebowitz, directora de políticas y defensa de la ACLU en Texas.
