La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) calificó como un “golpe al comercio formal” la regularización de los autos chocolate que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana en su conferencia de prensa.
El Presidente adelantó que este sábado 16 de octubre firmará un decreto para legalizar el contrabando automotriz.
“Esto representa un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades y será un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta las repercusiones por la pandemia del Covid-19 y la crisis de los semiconductores”, indicó AMDA, en un comunicado.
La propuesta de regularización de vehículos ilegales que dio a conocer el Jefe del Ejecutivo no sólo se limitará a los siete estados fronterizos sino que se ampliará a todo el país.
Es por ello que desde el 29 de junio, los distribuidores de autos solicitaron una audiencia con el Presidente para explicarle las repercusiones de su propuesta, la cual anunció desde el 27 de junio en Baja California.
A partir de esa fecha, durante julio y agosto, la importación legal de vehículos usados crecieron 70% y 85% o 5 mil 655 y 6 mil 493 unidades adicionales, respectivamente.
Mientras que la internación ilegal de vehículos creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse en breve.
“El fenómeno de los vehículos ilegales no disminuyó sino que ahora es más evidente que nunca ver ese tipo de unidades circulando en toda la frontera ante la omisión de las autoridades.
“Incluso algunos de éstos siendo del segmento de lujo y deportivos que nada tienen que ver con la justificación social que organizaciones afirman para su regularización por apenas una cuota y sin pagar los impuestos que realmente ayudarían a mejorar sus condiciones de vida”, apuntó AMDA.
De acuerdo con los distribuidores, la legalización de autos chocolate provocará una baja en el valor de hasta 20% de las unidades del mismo año-modelo nacionales, debido a la sobreoferta que se generará.
Además, cuando los propietarios vean que su unidad usada cuesta menos decidirá posponer su venta o retardar su renovación, afectando aún más la cadena de comercialización de autos nuevos y seminuevos.
AMDA destacó que la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo representan 19 procesos de regularización entre 1979 y 2011.
