Tres jueces de la Corte Federal australiana revelaron el jueves sus motivos para respaldar la orden del gobierno de deportar al astro del tenis Novak Djokovic, y explicaron que no entraron a considerar los “méritos o lo sabio de la decisión”.
Los jueces apoyaron por unanimidad la decisión del ministro de Inmigración, Alex Hawke, de deportar al tenista serbio de 34 años tras una apelación urgente la víspera del que iba a ser el primer partido de Djokovic en defensa de su título del Abierto de Australia. Djokovic aceptó el veredicto y unas horas después viajó de Melbourne a Emiratos Árabes Unidos.
El juez que presidía el tribunal, James Allsop, y los jueves James Besanko y David O’Callaghan publicaron el jueves una explicación de 27 páginas sobre por qué rechazaron la impugnación.
“La corte no considera los méritos o lo sabio de la decisión”, indicaron los jueves. “La tarea del tribunal es fallar sobre la legitimidad o legalidad de la decisión”.
“Otra persona en la posición del ministro podría no haber cancelado la visa del señor Djokovic. El ministro lo hizo”, añadió.
Djokovic vio revocada su visa el 6 de enero en el aeropuerto de Melbourne, horas después de llegar al país, porque no está vacunado contra el COVID-19. Un juez restauró más tare su visa por cuestiones de procedimiento.
Sin embargo, Hawke empleó una competencia que le concede la Ley de Inmigración para cancelar su visa el viernes con el criterio más amplio de interés público.
Djokovic era “una persona conocida no vacunada”, cuya presencia en Melbourne podía “fomentar el sentimiento antivacunas” y aumentar la presión sobre el sistema de salud, dijo Hawke en el documento de 10 páginas que revocaba la visa.
Hawke rechazó los argumentos de Djokovic de que su deportación parecía “una decisión con motivaciones políticas” que pondría en peligro el papel de Australia como país anfitrión del primer Grand Slam del año.
Muchos alegan que el gobierno deportó a Djokovic como respuesta a la indignación pública de que un deportista sin vacunar hubiera podido entrar en el país sin pasar una cuarentena, al mismo tiempo que la variante ómicron del virus pone a prueba los hospitales, escasean las pruebas caseras de COVID-19 y familiares de los australianos que viven en el extranjero no pueden visitar a sus allegados porque las autoridades no reconocen las vacunas que recibieron.
Los jueces rechazaron los tres argumentos de la apelación de Djokovic. El primero era que la decisión era ilógica, irracional o poco razonable. El segundo era que el ministro no podía concluir que la presencia de Djokovic fuera un riesgo de salud o el orden. El tercero era que el ministro no podía concluir que Djokovic tenía una postura conocida contra las vacunas.
“Era posible inferir que el público percibía que el señor Djokovic no estaba a favor de las vacunaciones”, indicaron los jueces.
Djokovic, que regresó a Serbia, está en conversaciones con abogados sobre si demanda al gobierno australiano para reclamar 4,4 millones de dólares (3,2 millones de libras) por “mal trato”, según el diario británico The Sun, que citó una fuente anónima cercana al agente del tenista, Edoardo Artladi.
John Karantzis, socio de la firma australiana Carbone Lawyers, dijo que Djokovic podría tener base para un caso.
“Si se concentra en los (…) motivos poco razonables que alegaría en su contra, y no en cuestiones legales, podría tener éxito”, indicó Karantzis a la televisora Seven Network.
con información de AP
