La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó en su informe anual su “profunda preocupación” por la investigación de la Fiscalía General de la República contra los 31 científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
En el capítulo de México, en el sobre educación y ciencia, la REDESA afirma estar enterada de que se le acusó a exintegrantes del Conacyt y de la Mesa Directiva del Foro por los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado por “transferir recursos del Conacyt al foro de manera ilegal”. Sin embargo, recalca que los 31 científicos habrían aclarado que las transferencias se realizaron de acuerdo con la normativa:
“(L)a Relatoría Especial observa que las personas imputadas habrían aclarado que todas las transferencias que se realizaron fueron hechas con base a la normativa vigente como parte de las investigaciones que se realizaron, y presentaron balances positivos en su gestión”, se lee en el informe. Para “la construcción de un Estado plural”, la Relatoría sostiene que se debería garantizar “el libre ejercicio de investigación siendo el derecho penal o punitivo usado como última instancia”, afirma.
El organismo también está preocupado por “la insistencia en las solicitudes de órdenes de aprehensión” y que los 31 científicos, entre ellos Julia Tagüeña, Gabriela Dutrénit y Enrique Cabrero, no hayan sido “debidamente informadas de los motivos por los cuales se les estaba investigando”.
En marzo se venció el plazo para expedir una tercera orden de aprehensión.
