Un hombre, de 59 años de edad, originario de Bolivia fue sentenciado a 25 años en prisión por haber violado y embarazado a su nieta, una menor de 15 años de edad, según detallaron las autoridades. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Lucas en de septiembre de 2020, pero recientemente el sujeto fue condenado por la agresión sexual contra la adolescente.
Durante el juicio, la Fiscalía comentó la agresión sexual ocurrió cuando unos familiares de la adolescente llegaron de visita a su casa y como no había suficiente espacio para alojarles la enviaron a dormir al cuarto de su abuelo, quien se aprovechó de la situación para abusar sexualmente de ella en repetidas ocasiones.
Aparentemente, la menor no denunció los abusos por miedo a las represalias de su abuelo, por lo que las agresiones sexuales se repitieron en cuatro ocasiones, la última en noviembre de 2020 mientras el sujeto estaba en estado de ebriedad, explicó la fiscal del caso, Yhoanette Salazar. Días después de la última violación, la adolescente finalmente le contó a sus padres sobre los abusos y también les dijo que estaba embarazada, ante lo cual se presentó una denuncia en la Defensoría de la Niñez y Adolescente.
Por los hechos, el adulto mayor fue detenido y enfrentó cargos por abuso sexual. Durante el juicio, la Fiscalía presentó ante el tribunal pruebas como “el informe psicológico de la adolescente, declaraciones testificales, entrevista psicológica de la hermana menor de la víctima, examen médico que corrobora la gestación”, entre otras.
Luego de que un juez encontró culpable al abuelo de la menor, el hombre deberá cumplir la sentencia de 25 años en en la cárcel de Morros Blancos, en la región sureña de Tarija, indicó el fiscal Departamental del departamento vecino de Chuquisaca, Mauricio Nava, citado en un comunicado de prensa del Ministerio Público.
Por su parte, la menor no pudo interrumpir su embarazado, ya que el aborto en Bolivia tiene pena de cárcel salvo en casos de embarazos por violación sexual o si la vida de la mujer corre peligro, pero para interrumpir la gestación se requería una orden judicial que podía demorar meses en salir.
Con información de El Heraldo de México
