Actuarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendieron la diligencia que habría permitido a la organización civil ‘Cambio de Ruta‘ realizar una inspección a la construcción de la Arena Potosí, porque los constructores no permitieron la entrada bajo el argumento de que aquellos que pretendían ingresar no llevaban equipo de seguridad.
El presidente de la organización, Luis González Lozano, consideró el impedimento como una “chicanada”, porque los mismos constructores podían contar con el equipo necesario para cuidar la seguridad de quienes acuden a hacer la revisión.
Explicó que el resolutivo judicial que le favorece para revisar la obra, le habría permitido conocer de manera presencial todos los detalles de la construcción del recinto, que el gobierno no ha transparentado, según señaló.
Aseguró que los actuarios notificarán al juez para fijar una nueva fecha de audiencia, con el fin de retomar la inspección que por derecho les corresponde.
La Arena enfrenta un amparo
El Juzgado Cuarto de Distrito está dando trámite a un juicio de amparo promovido por la organización Cambio de Ruta en contra de la obra de la Arena Potosí, que argumenta que el proyecto se realizó sin planeación ecológica y financiera. El trámite fue rechazado inicialmente, pero un Tribunal Unitario revocó esa decidió y le ordenó admitir la denuncia.
Dentro del juicio, para este día se tiene prevista la realización de una inspección judicial en el sitio de la obra.
La demanda de Cambio de Ruta considera como acto impugnado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) la omisión en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, que están previstos en el artículo 134 Constitucional.
También consideró como impugnables la falta a varios criterios, entre ellos, el de la rendición de cuentas, algunos previstos en la Ley de Obras Públicas del Estado, la omisión de requisitos legales de planeación, programación y presupuestación.
El documento detalla que la construcción de la arena no tomó en cuenta análisis de costo-beneficio y de factibilidad, además de que, con su financiamiento de 480 millones de pesos, desplazó a otros proyectos de salud y medio ambiente.
Como prueba, menciona que el presupuesto para la obra supera con mucho al que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental recibió en 2023, 40 millones de pesos
En septiembre pasado, el Juzgado Cuarto desechó el amparo, el 1248/2023, pero un recurso de queja presentado por la organización al Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito fue considerado fundado por esta instancia, que lo regresó al Juzgado el pasado 18 de enero.
La parte quejosa ofreció como prueba para reforzar sus argumentos una inspección judicial en el sitio de la obra, sugerencia que fue admitida por el Juzgado, misma que se realizará hoy.
Con información de: Pulso
