El 2024 será recordado como el año del final de un Estado mexicano que tuvo su génesis en 1977, pero que su edificación comenzó a visualizarse a partir de 1989, luego del primer proceso electoral competitivo que tuvo México en 78 años del nacionalismo revolucionario que encabezó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La competencia electoral de 1988, que dio el triunfo al priista Carlos Salinas de Gortari, mostró por primera vez un México plural, que ya no centró su carga de votos al PRI, sino que dio un número importante de sufragios al PAN y al candidato del Frente Democrático Nacional.
La participación ciudadana, mayoritariamente juvenil, dio el primer golpe a la hegemonía priista, pues en esa ocasión las acusaciones de fraude electoral no eran sólo una “cantaleta” de la oposición, como llamaba el PRI, sino cientos, miles de voces que estaban seguras de que les habían robado su voto contra el priismo.
México daba así pasos firmes hacia un cambio de la estructura de un Estado que se construyó a lo largo de tres décadas y que pasaba de una economía estatal a una economía mixta y de libre mercado que lo incrustó primero en el viejo Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y luego lo llevó a firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, en medio de fuertes resistencias de quienes mantenían la idea de un nacionalismo revolucionario económico como la única vía para avanzar.
La modernización del Estado mexicano requirió diversos cambios. Primero, por la exigencia ciudadana, elecciones limpias, libres de fraudes y donde el PRI dejara de ser competidor, árbitro y calificador. Surgieron así el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral (Trife), que a lo largo de los años evolucionaron en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La autonomía real de esas instituciones permitió la alternancia en la Presidencia de la República y el crecimiento de la oposición en el Poder Legislativo, que dejó de ser una extensión acrítica del Ejecutivo federal.
Se modificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que dejara de ser otra extensión del Ejecutivo federal y se crearon recursos jurídicos, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, porque las minorías también son importantes; luego, el amparo se fortaleció y se extendió el beneficio de la suspensión de actos reclamados con efectos generales; se igualó en jerarquía a la Constitución y a los tratados y acuerdos internacionales.
Con información de Excelsior.
