Jorge Fernández Menéndez
El sábado en la madrugada comenzaron, como en otras ciudades, las redadas masivas para detener a personas indocumentadas en Los Ángeles, unas horas después de la visita que hizo a esa ciudad el presidente Donald Trump. Comenzaron a llegar también a México, Colombia y Brasil, vuelos con personas deportadas.
Aumentaron los operativos en distintas ciudades consideradas como “santuarios”, donde las autoridades locales han mantenido políticas de protección hacia los inmigrantes indocumentados. En ellas, como ha sucedido en Los Ángeles, se ha reforzado la colaboración entre las autoridades federales y locales en la identificación y detención de indocumentados con antecedentes criminales. Esta iniciativa busca priorizar la expulsión de aquellos que hayan cometido delitos graves, aunque ello resulte muchas veces en la detención de personas que no representan una amenaza para la sociedad, sino que simplemente cometieron algún delito menor.
También se han incrementado los recursos destinados a la vigilancia de la frontera sur con México, desde la instalación de tecnología avanzada de monitoreo hasta el envío de personal adicional, sobre todo militar, a la zona fronteriza.
Las respuestas ante esta ofensiva han sido disímiles. Pero la peor creo que ha sido la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dijo que no permitirá la entrada al espacio de aéreo de su país de aviones con deportados. No puedo imaginarme qué podría hacer Petro para realmente evitarlo, sobre todo cuando cada uno de esos vuelos lleven un centenar de colombianos a su propio país. Es una bravuconada vacía.
Lula da Silva, el mandatario de Brasil, luego de la llegada del primer avión con deportados a la ciudad de Manaos, en plena Amazonia, se quejó de las condiciones en las que llegaron esas personas, esposados y tratados, dijo, como criminales. Creo que ninguno de los dos ha podido construir una respuesta al desafío trumpista: seguirán llegando los deportados a Brasil y Colombia, o serán dejados en un tercer país, por ejemplo, México o alguna de las naciones de Centroamérica y el Caribe que visitará en las próximas horas Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado. Y no olvidemos un punto: ni Petro ni Lula gozan de simpatía alguna en la nueva Casa Blanca.
Aunque no teníamos un plan de contingencia más articulado, la respuesta del gobierno mexicano ante esto ha sido mucho más sensata: se han comenzado a establecer albergues. Como siempre, la labor del Ejército y la Guardia Nacional ha sido fundamental en ese sentido. Algo se debe haber hecho bien porque Estados Unidos está deportando a personas de todas las nacionalidades, pero hasta ahora a nuestra frontera han llegado, sobre todo, mexicanos y apenas este fin de semana la presidenta Sheinbaum dijo en Oaxaca algo que es de sentido común (que no siempre es el más común de los sentidos): “Estamos obligados a tener una buena relación con Estados Unidos”.
Pero a partir de esta semana comenzarán a llegar no algunas decenas o centenares de deportados, sino miles, y la presión en la frontera norte será muy fuerte, ya que a ellos se seguirán sumando quienes, pese a todo, quieren cruzar a Estados Unidos y quienes han quedado varados por la cancelación de las citas CBP One.
Con Información de Potosí Noticias.
