La administración del presidente Donald Trump está considerando lanzar ataques con drones contra los cárteles de la droga en México como parte de un ambicioso esfuerzo para combatir a las bandas criminales que trafican narcóticos a través de la frontera, de acuerdo con seis fuentes citas por la cadena NBC.
El medio estadounidense señaló este martes 8 de abril que la información fue compartida por seis funcionarios actuales y anteriores de las fuerzas armadas que tienen conocimiento del asunto; sin embargo, el tema esta siendo discutido entre la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y servicios de inteligencia.
Según los datos de los funcionarios se trataría de posibles ataques con drones contra figuras destacadas de algunos cárteles y sus redes logísticas con la cooperación del gobierno de México, dijeron las fuentes.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no ha tomado una decisión definitiva sobre el ataque, además no se ha descartado la posibilidad de acciones encubiertas unilaterales, sin el consentimiento de México y no está claro si los funcionarios han planteado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum la posibilidad de ataques con drones.
En febrero, el gobierno de Estados Unidos hizo oficial la publicación de la lista de cárteles de la droga que quedan designados como organizaciones terroristas globales, según una notificación publicada en el Registro Federal, de acuerdo con un documento del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump.
El empresario propietario de Tesla y la red social X, Elon Musk, indicó que cárteles los mexicanos de la droga son “elegibles para ser atacados con drones”, luego de la designación por la administración de Trump.
Los cárteles mexicanos designados por Estados Unidos como terroristas son:
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Cártel de Sinaloa
- Cártel del Golfo
- Familia Michoacana
- Cártel del Noreste
- Cárteles Unidos
De acuerdo con el aviso del Departamento de Estado, estos grupos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de la nación norteamericana. La designación obedece a lo establecido en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La medida fue tomada tras una revisión de los registros administrativos y en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro, señaló la dependencia estadounidense.
Con información de La Silla Rota.
