El Juzgado Sexto de Distrito del Noveno Circuito Judicial Federal concedió la suspensión provisional en el juicio de amparo 614/2025-III, promovido por la organización civil Cambio de Ruta A.C., para frenar los trabajos de tala y afectación de arbolado urbano en el proyecto de ampliación del Bulevar Río Santiago, en el tramo comprendido entre El Palmar y Palma de la Cruz, dentro de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.
Esto, luego de que la obra licitada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) iniciara actividades de desmonte, derribo de árboles y vegetación a lo largo del cauce del río, sin un estudio de impacto ambiental aprobado, de acuerdo a especialistas.
Luis González Lozano, promovente del amparo y director de la organización civil, indicó que la resolución ordena detener de forma inmediata cualquier acto de deforestación, poda, derribo o traslado de vegetación en tanto no se acredite la existencia de permisos ambientales válidos, dictámenes técnicos especializados y medidas de mitigación o reforestación adecuadas.
Advirtió que si las autoridades responsables llegaran a contar con dichos permisos, deberán garantizar el trasplante de los árboles o bien aplicar medidas de compensación ambiental, tal como lo exige la legislación local y los principios internacionales de protección ambiental.
“La medida cautelar se fundamenta en el principio de precaución, el principio in dubio pro natura y el Convenio de Escazú, reconociendo que el daño ambiental constituye una afectación potencialmente irreparable”, señaló el activista, quien recalcó que la juzgadora consideró además, que el proyecto carece de consulta pública y podría vulnerar el derecho colectivo al medio ambiente sano.
Puntualizó que el amparo promovido no busca frenar el desarrollo urbano, sino asegurar que éste se realice de forma legal, transparente y sustentable, en cumplimiento de las leyes ambientales y con respeto a la participación ciudadana.
El director de Cambio de Ruta A.C. llamó a las autoridades estatales y municipales a acatar la resolución judicial y a garantizar que cualquier intervención urbana respete la normatividad ambiental vigente, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos ecológicos y urbanos de la ciudadanía potosina.
Con Información de Potosí Noticias.
