Una jueza estadounidense bloqueó este jueves partes de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba imponer nuevas reglas a las elecciones federales, que según los demócratas y otros grupos corrían el riesgo de negar a los ciudadanos elegibles el derecho a votar.
La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly en Washington dictaminó que la administración Trump no puede hacer cumplir partes de la orden que requiere que los funcionarios electorales federales evalúen si las personas que se registran para votar son ciudadanos.
Sin embargo, se negó a bloquear partes de la orden que buscaban obligar a los estados a no contar las papeletas de voto por correo recibidas después del día de las elecciones.
El fallo se produjo en respuesta a demandas presentadas por grupos que incluyen el Comité Nacional Demócrata, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y el Fondo de Educación de la Liga de Mujeres Votantes.
Una victoria para todos los votantes
“El fallo de hoy es una victoria para los votantes de todo el país, particularmente los votantes de color, y nuestra democracia”, dijo Román Palomares, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, en un comunicado.
Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el departamento “continuará luchando en los tribunales para defender la agenda del presidente Trump“.
Trump ha cuestionado durante mucho tiempo el sistema electoral estadounidense y sigue afirmando falsamente que su derrota en 2020 ante el presidente demócrata Joe Biden fue resultado de un fraude generalizado.
Trump y sus aliados republicanos también han hecho afirmaciones infundadas sobre el voto generalizado de personas sin ciudadanía, lo cual es ilegal y rara vez ocurre.
La orden ejecutiva de marzo del presidente republicano exigió a un organismo electoral federal no partidista que modificara un formulario estandarizado de registro de votantes a nivel nacional para exigir un documento como un pasaporte que acredite la ciudadanía, y que los funcionarios federales “evaluaran” la ciudadanía de las personas que reciben asistencia pública antes de ofrecerles formularios de registro de votantes.
Los demandantes han alegado que estas medidas podrían disuadir o impedir que los ciudadanos elegibles se registren.
Kollar-Kotelly concluyó que esas partes de la orden eran ilegales porque la Constitución de Estados Unidos otorga a los estados, no al presidente, el poder de supervisar las elecciones.
Trump también exigió a las agencias federales que abrieran sus bases de datos al Departamento de Eficiencia Gubernamental encabezado por Elon Musk para buscar a los no ciudadanos que se han registrado para votar, y amenazó con cortar la financiación federal a los estados que cuenten los votos de las papeletas recibidas después del día de las elecciones.
El juez se negó a bloquear dichas disposiciones, al considerar que Trump tiene la facultad de ordenar a las agencias que compartan información, y que la impugnación del voto por correo debería ser interpuesta por los propios estados, y no por grupos de interés independientes. Los estados con mayoría demócrata están actualmente interponiendo su propia demanda.
Con información de Reuters.
