El pleno de la Cámara de Diputados aprobó transferir las facultades del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para que realice la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social.
Morena y sus aliados avalaron, en lo general, las reformas a la Ley General de Desarrollo Social, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental por 353 votos a favor y 126 en contra de la oposición.
Con las modificaciones se derogaron los artículos 75, 76 y 77 de la Ley General de Desarrollo Social, que establecían que los indicadores de resultados deberían reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas sociales; y dichos indicadores deberían someterse a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que emitan recomendaciones.
También quita de la ley la facultad que tenía el Coneval de corregir, modificar, adicionar, reorientar o suspender total o parcialmente los programas sociales, que estaba establecido en el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social.
Asimismo, retiró a la Cámara de Diputados la facultad de reducir el presupuesto de los programas sociales “en los casos y términos que establezca” al aprobar el Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF).
Y confiere al Inegi la facultad de establecer los lineamientos y criterios técnicos para las metodologías de evaluación integral de la Política de Desarrollo Social.
“El Instituto llevará a cabo la actualización de los lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza, procurando la homogeneidad y comparabilidad de la información”, detalla el dictamen.
El diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) refirió que la reforma representa un retroceso qué pone en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política social.
“Ahora todo quedará bajo el control del gobierno, y como todo lo que hace y administra este gobierno de cuarta, se va a ir mucho al carajo. Pareciera que quieren eliminar al Coneval para agandallarse el presupuesto de esta institución y entregárselo en contratos millonarios al famoso Andy y el Bobby, a esos corruptos”, dijo en tribuna.
Por su parte, la diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que con el nuevo diseño, no desaparece la evaluación de programas sociales, sino que se amplía y se democratiza.
“Porque no se trata simplemente de mover o ver atribuciones entre dos instituciones, el Inegi asume una nueva responsabilidad, responsabilidad estructural y estratégica, proveer con rigor técnico y visión de Estado, la evidencia que permite al gobierno valorar su política social, medir el desempeño institucional y optimizar la asignación y el impacto de la gestión pública”, explicó.
La diputada Lorena Piñón (PRI) argumentó que la transferencia de facultades y desaparición del Coneval no representa una reorganización administrativa, sino “un golpe deliberado contra la capacidad del Estado mexicano, de conocerse a sí mismo y rendir cuentas a su pueblo”.
“¿Por qué esta urgencia por desmantelar el Coneval? La respuesta es evidente, porque sus mediciones independientes y técnicamente rigurosas han demostrado el fracaso de las políticas sociales de este gobierno… molesta cuando la realidad contradice el discurso oficial, la solución autoritaria es silenciar a quien mide la realidad”, dijo.
La diputada Gloria Núñez Sánchez (MC) dijo que con la desaparición del Coneval, se abre la puerta al gobierno para que tenga la posibilidad de evaluar la política social, sin medición de pobreza, sin un análisis real de presupuesto y se corre el riesgo de que los resultados no sean el reflejo de la sociedad.
“Básicamente se quieren evaluar ellos mismos. A este gobierno no le gusta porque son cifras estadísticas y estudios que desnuda la situación real del país, no la realidad mágica del oficialismo, describe la realidad tan precaria de la nación. No les gusta el Coneval porque se les cae su narrativa de gobierno, cuando nos hablan de salud, ya que en el 2016, el porcentaje de población con carencias por acceso a servicios de salud era del 15.6%, y hoy es del 23.5%”, señaló.
El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) dijo que el gobierno se consolida como juez y parte a la hora de ejercer programas sociales, y al evaluarse a sí mismo.
“¿Qué fue lo que hizo mal el Coneval? Señalar los errores de diversos programas de este gobierno, como sembrando vida como la beca para adultos mayores, como señalar que la pobreza de 2018 a 2020 había crecido prácticamente 4.5 millones de personas, y fue tal la molestia del gobierno, que se enfiló la estrategia, como tal, que han sufrido todos los órganos autónomos en nuestro país”, refirió.
Con información de El Universal.
