México dio un paso firme hacia la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, tras el consenso alcanzado entre el gobierno federal, el sector empresarial y los sindicatos.
La iniciativa, impulsada durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, se perfila como una de las transformaciones laborales más amplias de las últimas décadas.
El acuerdo prevé una implementación gradual hasta 2027, con el objetivo de equilibrar la productividad con el bienestar de las personas trabajadoras, garantizando una transición ordenada para las empresas y el sector público.
Diálogo tripartito y reforma a la Ley Federal del Trabajo
A diferencia de reformas previas, la reducción de la jornada se construye mediante mesas técnicas tripartitas que integran a autoridades laborales, cámaras empresariales y representantes sindicales.
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Durante octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el debate legislativo se llevará a cabo en noviembre, para posteriormente realizar la modificación correspondiente a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Aplicación escalonada y temas bajo análisis
Aunque existe consenso general, los grupos de trabajo aún discuten los mecanismos de transición por sector, la protección del empleo formal y los ajustes necesarios para micro, pequeñas y medianas empresas.
La diputada Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, adelantó que la reforma podría aprobarse antes de finalizar 2025, pero su aplicación plena se dará en 2027, tras un periodo de dos años de ajuste progresivo.
Ejes del nuevo modelo laboral
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha definido una serie de acciones complementarias para garantizar la efectividad de la reducción de jornada y la sostenibilidad económica de las empresas:
Revisión de límites de horas extraordinarias.
Transparencia en el pago por hora y en los tabuladores salariales.
Creación de una prima sabatina como compensación para fines de semana.
Instalación de un observatorio laboral que supervise la aplicación de la reforma.
Incentivos fiscales y deducibilidad total de prestaciones.
Inclusión de trabajadores del Estado en el nuevo esquema.
Para los analistas, la medida abre una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los trabajadores mexicanos, al tiempo que fortalece la competitividad del país con estándares laborales más modernos y sostenibles.
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