Las protestas de organizaciones campesinas contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales estallaron tras acusar que la propuesta pone en riesgo derechos históricos, el valor de la tierra y la continuidad de la producción agrícola y ganadera. Los colectivos aseguran que la iniciativa no incorpora demandas centrales del campo y que se está legislando sin consulta suficiente.
Entre sus primeras exigencias está el reconocimiento de derechos ganaderos, así como el registro formal de los pozos que operan en distintas regiones. También piden que la reforma incluya mecanismos de recuperación de agua e inversiones públicas para mejorar su manejo, especialmente en comunidades donde el riego es indispensable para mantener la producción.
Los 5 puntos que rechazan los campesinos
De acuerdo con las organizaciones, la reforma genera preocupación por cinco motivos principales:
Prohibición para transmitir concesiones de agua, lo que —advierten— reduce el valor de las tierras y complica la continuidad de los cultivos.
Sanciones económicas elevadas y riesgo de incurrir en delitos hídricos, lo que incrementa la incertidumbre jurídica del sector.
Peligro de que concesiones históricas no sean renovadas, lo que afectaría a productores que dependen del riego para sostener su actividad.
Ausencia de apoyos para modernizar la infraestructura hídrica, un pendiente que consideran clave para mejorar el uso del recurso.
Falta de protección para pequeños productores frente a grandes empresas, lo que podría profundizar desigualdades.
La organización Campesinos Unidos de Sinaloa advirtió que, con la reforma, una concesión podría convertirse en un permiso anual, lo que generaría inestabilidad para quienes dependen del agua para producir. Por su parte, la Confederación Nacional Campesina (CNC) alertó que la prohibición de transmitir concesiones junto con la tierra reduce el valor de las parcelas y dificulta su herencia dentro de las familias.
La CNC también criticó que el proceso legislativo avance con escasa consulta, lo que podría dejar fuera las diferencias regionales y afectar a quienes dependen del agua para sostener sus cultivos.
Lo que propone el Gobierno con la reforma
El Gobierno de México sostiene que la iniciativa representa un cambio profundo para reconocer el agua como un bien estratégico bajo control del Estado. Entre los puntos centrales está que las concesiones ya no podrán transmitirse entre particulares, que toda prórroga será evaluada por la autoridad y que se eliminarán los cambios de uso. Además, se crearía un Registro Nacional del Agua para dar certeza jurídica y ordenar a los usuarios.
Para combatir el uso indebido del recurso, la reforma endurece multas y procedimientos administrativos, e incorpora un nuevo capítulo de delitos hídricos como extracción ilegal, desvío de cauces o corrupción en trámites de concesión. Las penas previstas van de uno a 10 años de prisión y de 300 a 4 mil días de multa.
Otro eje es la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, que permitirá reasignar volúmenes con criterios de planeación estratégica. También se limita a cinco años el pago de la cuota de garantía para evitar acaparamiento y se impulsa la eficiencia en el uso del agua mediante tecnificación, medición y captación de agua pluvial.
Finalmente, la reforma promueve una planeación hídrica a corto, mediano y largo plazo.
El pasado 3 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la expedición de la nueva Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales. El bloque morenista aseguró que se respeta el derecho de herencia de las concesiones.
Tras aprobarse en lo particular, el dictamen se enviará al Senado para su discusión y aprobación. Después de eso, volverá a la Cámara de Diputados para su posterior entrada en vigor.
Con información de: Uno TV
