La fundación internacional Granito de Arena A.C. y el diputado Luis Fernando Gámez Macías presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del estado en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes ante casos de violencia sexual en entornos escolares.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de cualquier persona de denunciar los delitos cometidos en contra de menores de edad. En consecuencia, resulta necesario armonizar la Ley de Educación del Estado con el marco nacional e internacional, para establecer expresamente la obligación de denuncia inmediata por parte de todo el personal educativo, directivo y administrativo.
El establecimiento de protocolos claros y obligatorios permitirá proteger a la víctima desde el primer momento; brindar certeza jurídica al personal escolar, evitando que su actuación quede sujeta a interpretaciones discrecionales; articular la actuación del sistema educativo con la Fiscalía General del Estado y las Procuradurías de Protección del DIF estatal y municipales y capacitar de manera periódica a todas las personas que laboran en el sistema educativo sobre sus deberes legales y procedimientos.
Con estas reformas, San Luis Potosí se coloca a la vanguardia en la protección integral
de la infancia, respondiendo a una deuda histórica con quienes han sufrido abuso sexual sin que sus voces fueran escuchadas.
Se adiciona el artículo 83 bis a Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí para quedar como sigue: El personal directivo, docente y administrativo de los centros educativos deberá realizar denuncia inmediata ante las autoridades competentes de procuración de justicia cuando tenga conocimiento, sospecha o indicio de abuso sexual, maltrato o cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, siguiendo los protocolos de actuación que para tal efecto se emitan.
La omisión de esta obligación será sancionada conforme a la legislación penal aplicable y a las disposiciones administrativas correspondientes, garantizando en todo momento el principio del interés superior de la niñez y la protección de quienes actúen de buena fe. Los protocolos de actuación a que se refiere el presente artículo serán elaborados de manera conjunta por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Para la elaboración, actualización y evaluación de dichos protocolos, se integrará un Comité Estatal Interinstitucional de Protocolos de Actuación en Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, conformado por representantes de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y Comisión Estatal de Derechos Humanos, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y Representantes de madres, padres de familia y del magisterio.
La instalación del Comité se llevará a cabo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, mediante convocatoria pública emitida por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en coordinación con las demás instituciones integrantes.
Información tomada de un boletín de prensa.
